Los alicantinos vieron ayer al tercer alcalde de la última década que renuncia al cargo salpicado por problemas judiciales con la marcha del socialista Gabriel Echávarri, doblemente procesado por sendos casos de presunta prevaricación administrativa.

A causa de sus investigaciones judiciales, el hasta ahora alcalde de Alicante anunció el pasado 23 de marzo su dimisión aunque aplazó oficializarla hasta ayer para dar tiempo a negociar que su número dos, la también socialista Eva Montesinos, le reemplace como alcaldesa.

Echávarri se ha visto forzado a dejar el cargo a causa de sus problemas con la Justicia en una situación que recuerda, aunque con notables diferencias, a lo que vivieron dos de sus predecesores, los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Esto es así porque sobre Echávarri, investido alcalde hace dos años y medio, pesan supuestos delitos de carácter administrativo (fraccionamiento de contratos y despido de una interina cuñada del portavoz local del PP) y no de corrupción, como sí ocurre, presuntamente, en el caso de los políticos del PP.

El socialista consiguió hace dos años y medio poner fin a veinte años de gobiernos consecutivos del PP al frente de un tripartito de izquierdas del cambio, con Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, que tuvo notables desencuentros y falta de entendimiento desde el primer momento.

Sin embargo, el entendimiento de los tres socios no fue lo suficientemente fluido desde un principio y los socios dejaron solos a los socialistas en noviembre de 2017.

El hasta ahora alcalde está procesado en dos causas penales por supuesta prevaricación administrativa: una por el presunto fraccionamiento de 14 facturas por un valor conjunto de unos 144.000 euros en la Concejalía de Comercio y otra por el despido de Catalina Rodríguez. Según el juez, Echávarri ordenó su despido inmediato "careciendo de competencia para ello" y "sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada".

Los dos procesamientos, la finalmente infructuosa moción de censura impulsada por el PP y la exigencia del resto de partidos para que se vaya han ido causando un ambiente cada vez menos propicio para el socialista, que el 21 de marzo admitió que estaba "hecho polvo" por n "linchamiento que no es normal" y 48 horas después anunció su adiós en diferido, que ayer se hizo oficial.