Expertos jurídicos creen que la actual legislación cuenta con mecanismos para acoger presos de Guantánamo en España, aunque advierten de las incógnitas que acarrearía este traslado, como que pudieran demandar a Estados Unidos ante la Audiencia Nacional en virtud del principio de justicia universal. 

La petición de ayuda de la Casa Blanca que el Gobierno ha empezado a estudiar para cobijar a cuatro prisioneros sin cargos también suscita dudas por el limbo jurídico del que proceden, al coincidir en que sus derechos no han sido respetados en Guantánamo. 

El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Cástor Díaz, argumenta que la "situación antijurídica" de Guantánamo "condiciona la solución", aunque cree que puede haber fórmulas legales para la acogida "si también hay voluntad política real". 

Díaz, en declaraciones, apunta que el traslado de los cuatro prisioneros debería tener como requisitos el respeto a los derechos humanos y a leyes como la de Extranjería, además de "no poner en riesgo la seguridad del Estado". 

A su entender, "desmantelar Guantánamo no puede significar que por razones políticas, no se respeten en esencia los derechos humanos". 

Reconoce Díaz que con la actual ley, "la puerta queda abierta" a que los deportados puedan, incluso, acogerse a la justicia universal para pedir un resarcimiento por los años de reclusión en el penal. 

Sólo lo podría impedir, añade, la reforma que el Gobierno y el PP están negociando para limitar este principio a determinados casos. 

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada aconseja ser "prudentes" sobre las incógnitas que plantea un caso que nace en "el agujero negro jurídico que es Guantánamo" y sobre hipotéticas querellas que se pudieran presentar. 

De Prada aclara que sería viable esta demanda "al ser residentes en España", aunque condicionada a la reforma para limitar la jurisdicción universal, por lo que podría ser más "pragmático" una compensación económica por el tiempo de estancia ilegal en Guantánamo acusados de supuestos vínculos terroristas. 

Piensa este juez que la acogida de prisioneros de una cárcel donde "las categorías jurídicas han sido inexistentes va a poner a prueba el respeto al ordenamiento jurídico", por lo que ve necesario que EEUU sea "honesto a la hora de aportar toda la información" sobre por qué les detuvo, qué riesgo entrañan y qué motiva su traslado. 

El magistrado añade a EFE que los deportados a España, que podrían quedar como refugiados o con un visado de estancia ilimitada, no podrían estar confinados y tendrían margen de circulación, aunque sujetos a algún tipo de control con permiso del juez. 

Fernando Piernavieja, del Consejo General de la Abogacía, conviene en que "cabe la posibilidad" de una demanda contra EEUU desde España, "incluso no siendo a través" de la Audiencia Nacional, para reclamar una reparación por daños morales y físicos. 

Pernavieja, cree que este derecho lo podrían ejercer si viniesen sin cargos, lo que les llevaría "a ser libres en cuanto bajen del avión en (el aeropuerto) de Barajas". 

A su entender, el estatus que deberían tener es el de refugiado político si se estima que corren peligro si regresan a sus países de origen, lo que no impediría que tuvieran algún tipo de vigilancia. 

El catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense José Antonio Pastor ve factible que España contribuya a la clausura de Guantánamo en enero de 2010, como aspira EEUU, tanto si los presos tienen cargos, como si están fuera de toda sospecha. 

El primer supuesto sería más claro al tener como base el principio de justicia universal vigente en España, mientras que si no hubiera cargos, el problema es mayor por el "vicio de origen" creado en Guantánamo. 

De ponerlos en libertad, añade Pastor, tendrían que ser asilados políticos o tener un estatuto de protegidos, si bien supondría una "contradicción" su vigilancia. 

El catedrático de la Complutense opina que aunque pudiera haber alguna similitud, "no es el mismo caso" que el de los tres palestinos deportados por Israel a España en 2002 tras el encierro en la Basílica de Belén.