La sentencia está redactada hace tiempo. La presidenta María Emilia Casas, que ha cometido muchos errores pero de la que nadie duda que es una trabajadora infatigable, hace tiempo que tiene preparado el texto en el que se recogen los argumentos que han determinado que el Tribunal Constitucional haya fallado en contra de 14 artículos del Estatut de Cataluña por considerarlos anticonstitucionales y considere que una veintena más debe ser interpretados en determinado sentido.

Si la sentencia no se hizo pública el viernes, como se había previsto, fue porque los magistrados que presentaban votos particulares todavía no los habían entregado.

Después de cuatro años de espera, todo ha ido rápido desde que la presidenta decidió hace tres meses no dar una nueva oportunidad a Elisa Pérez Vera tras la derrota de cinco ponencias elaboradas por esta catedrática de derecho internacional privado. Se cumplió el trámite de encargar una nueva ponencia al vicepresidente Guillermo Jiménez, que presentó una sin excesivas modificaciones respecto a la de Pérez Vera, que también fue rechazada, y el escenario cambió radicalmente cuando la presidenta asumió la ponencia.

Negoció con los distintos magistrados, y comprobó lo que era evidente desde hacía dos años: Manuel Aragón, elegido miembro del TC por los socialistas, no estaba dispuesto a renunciar a sus principios y se negaba a aceptar el preámbulo mientras no se especificara que carecía de legitimidad jurídica y, por tanto, no cabía posibilidad alguna de que se pudiera interpretar que Cataluña es una nación.

En los últimos años, todos sus compañeros progresistas, Pascual Sala, Pérez Vera, Eugenio Gay y la propia presidenta, trataron de convencerle de que los preámbulos no tienen identidad jurídica, pero Aragón quería que se expresara así en la sentencia. Aguantó toda clase de maledicencias por mantener su actitud, la más extendida que aspiraba a ser elegido presidente del nuevo TC y para ello tendría que contar con el apoyo del PP. Casas no dudó mucho en incluir en su propia ponencia la cuestión que preocupaba a Aragón, y logró la luz verde para el Estatut. Con votos particulares, pero había sentencia.

La interpretación de los políticos no importa en el TC, lo que les preocupaba ahora es su prestigio profesional, que ha quedado en entredicho tras los cuatro años de incertidumbre. La frase más escuchada en los últimos días ha sido "la presidenta tenía que haber reaccionado antes", pero desde el entorno de la presidenta se afirma que había que dar posibilidad a la ponente Pérez Vera de redactar una sentencia que tuviera el respaldo necesario. Y Casas le dio esa posibilidad. Nada menos que en cinco ocasiones. Sin éxito hasta que ella misma asumió el reto.

Preocupa el deterioro de la imagen del TC y de los miembros del TC, pero también su futuro.

La imagen recibió un nuevo varapalo cuando un medio de comunicación, el Periódico de Cataluña, publicó un cuadernillo especial con el borrador de la sentencia. La noticia se recibió con desolación en el Tribunal, que anunció a través de un comunicado una investigación interna para averiguar quién era el magistrado que había filtrado el documento. Un documento, por otra parte, que según fuentes del TC no recoge la sentencia definitiva, sino que se trata de un borrador previo. Pero su publicación indica, en cualquier caso, que un miembro del alto tribunal no ha sido leal con la institución que representa, y el disgusto de la presidenta ha sido "brutal".

En un encuentro mantenido entre Zapatero y Rajoy acordaron, según el PP, que cuando llegara la hora de proceder a la renovación de los magistrados del TC ninguno de los dos partidos iba a poner inconvenientes a los candidatos de la otra parte, pero los socialistas vetaron en el Senado la designación del ex portavoz del CGPJ Enrique López con un argumento exclusivamente profesional, aunque en privado los portavoces socialistas apuntaban que López cuenta con un perfil político excesivamente cercano al PP.

El PP mantiene su nombre, al igual que el de Francisco Hernando, y no piensa ceder. Defiende el currículum de López y advierte que para perfil político el de uno de los candidatos que quiere proponer el PSOE, el catedrático de Derecho del Trabajo Fernando Valdés, asesor de UGT y asesor de Zapatero sobre la Reforma Laboral.

Cuatro magistrados del TC deben ser elegidos por en Senado en los próximos días, y cuatro más por el Congreso después del verano para proceder así a la obligada renovación. Sin embargo, esa renovación está en globo, porque el PP no piensa cambiar sus candidatos y el PSOE no piensa ceder en su oposición aceptar a Enrique López.