El fiscal del Tribunal de lo Criminal de París Jean-François Ricard comparó el funcionamiento del departamento de militantes de ETA con organizaciones sectarias, en particular por el procedimiento de aislar y encerrar a los activistas durante el proceso de reclutamiento. Ricard señaló que los etarras Ainhoa Ozaeta e Igor Suberviola, que están siendo juzgados junto a Jon Salaberría, llevaban las riendas de ese departamento de militantes de la organización terrorista, como lo muestran diferentes documentos de finales de 2007 encontrados en el piso de Burdeos en los que los tres fueron detenidos en mayo del año siguiente.

En una línea similar, la presidenta del tribunal, Jacqueline Audax, tras haber presentado varios de los archivos hallados en ese refugio clandestino, consideró que los acusados "tenían un papel muy activo en el reclutamiento de militantes". De acuerdo con varios documentos atribuidos a Ozaeta y Suberviola, ambos fijaban citas con personas que se incorporaban a la actividad de la organización terrorista, algo que se corroboró con las agendas de ambos que fueron recuperadas.

Así, tuvieron un encuentro con un nuevo activista, identificado con el alias Saioa el 17 de julio de 2008 y otro con Leox en agosto de ese año. El procedimiento establecido preveía que los nuevos reclutas pasaban por una estructura de reserva, donde se les proveía de documentos de identidad falsificados y se les ofrecía formación por parte de la organización, mientras ésta decidía qué misión les iba a encomendar.

En el piso de Burdeos -donde también fue arrestado el mismo 20 de mayo de 2008 el exdirigente etarra Francisco Javier López Peña, Thierry, muerto durante su encarcelamiento en marzo de 2013- se encontraron ocho documentos sobre el funcionamiento, dentro del departamento de militantes, de la estructura Ihesko, dedicada a los que estaban en el extranjero.

En ellos se describía el modo de prestar asistencia a los etarras que se encontraban en diversos países, sobre todo de Europa y de América, en ciertos casos porque habían sido sancionados, pese a lo cual tenían que seguir plegándose a las reglas de la banda. "Todo está reglamentado, incluso los contactos con la familia", los momentos para mantenerlos, la forma de actuar en el caso de que corrieran el riesgo de ser extraditados a España o la utilización del teléfono para comunicarse, comentó la jueza.

Ninguno de los tres que se sientan en el banquillo quisieron responder a las preguntas que les hicieron la presidenta o el fiscal. Sobre la base de elementos requisados en el piso franco de Burdeos, Ricard dijo que Ozaeta estaba al frente de la estructura de falsificación de la banda ("FAL), y sugirió que Suberviola y Salaberría tenían vínculos con el aparato militar.

Esto último lo hizo notar después de que Audax revelara que entre los documentos que FAL había enviado a Suberviola figuraba un carné de la Guardia Civil con la fotografía de este etarra vestido con el uniforme del cuerpo armado, y le preguntara para qué necesitaba ese carné profesional. "Pertenezco a ETA, soy militante de ETA" y "mi posición es no responder a sus preguntas", contestó el imputado.