La Consejería de Enseñanza de la Generalitat deberá introducir el castellano en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en lengua española. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó el pasado 6 de marzo un auto que ordena que el sistema "ha de adaptarse a toda la clase, o unidad escolar, de la que forma parte ese alumno". El TSJC falló así en respuesta a recursos de reposición de varias familias.

Todo el arco parlamentario catalán -a excepción del PP y Ciutadans- reaccionó ayer en contra del dictamen del Alto Tribunal. ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP aplaudieron la decisión del Ejecutivo que preside Artur Mas de no aplicar el auto del TSJC. Los partidos reaccionaron así a los diez autos judiciales en los que se insta a la Administración a impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en las clases de diez centros escolares donde alguna de las familias lo habían solicitado, pero que no ejecutará la Generalitat, según la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

Por parte de los socialistas catalanes, su diputada Rocío Martínez-Sampere, mostró su apoyo a las acciones legales que adopte el Govern para defender un modelo lingüístico de "éxito", ante los intentos de diversos sectores de "politizar" la educación pública catalana.

El líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, dijo que el auto es "respetable pero inaceptable", y ha remarcó que hay más diputados que van contra el modelo -28 de PP y Ciutadans- que familias que piden la enseñanza en castellano -17-, cifras que para él lo dicen todo. "No se puede aceptar que si uno quiere enseñanza en castellano, que ya la tiene garantizada, obligue al resto", criticó Duran, que agregó que "basta de jugar con el nervio de la identidad catalana", su lengua, enfatizó, tras señalar que el modelo actual es el que ha reportado éxito social y científico.