La Abogacía del Estado pide, en sus alegaciones finales presentadas hoy ante el Tribunal Supremo (TS), que los partidos ANV y PCTV sean ilegalizados por estar instrumentalizados por ETA y ser sucesores o continuadores de Batasuna.

Así lo indica en las alegaciones que ha presentado la Abogacía del Estado ante la Sala Especial del 61 del Supremo, encargada de resolver las demandas de ilegalización de ANV y PCTV, cuya actividad política está suspendida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el escrito de Acción Nacionalista Vasca, el abogado del Estado sostiene que Batasuna empezó a controlar "de forma absoluta" ANV con motivo de las elecciones municipales y forales de mayo de 2007 y no sólo participó de forma activa en su campaña electoral, sino que también asumió sus resultados electorales.

De esta forma, cita como ejemplo las declaraciones del portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, quien "se felicita" por los resultados obtenidos por ANV y asume "el control y la dirección" de su actividad política.

También menciona que es la propia ETA la que en su "zutabe" (boletín interno de la banda armada) número 112 "hace suyos" los resultados electorales de ANV, al igual que dos años antes hizo con los obtenidos por el PCTV en las autonómicas de 2005.

Otro de los argumentos que el Abogado del Estado sostiene es que ANV no sólo no condenó el atentado contra la casa cuartel de Durango (Vizcaya), que tuvo lugar el 24 de agosto de 2007 y fue el primero de ETA tras anunciar la ruptura del alto el fuego el 5 de junio anterior, sino que lo calificó como una "consecuencia del conflicto".

En su escrito, la financiación del partido es otro de los pilares de la demanda porque asegura que existe una "caja común o única" donde se gestionan y administran todos los recursos económicos de ANV, PCTV y Batasuna, que se vació a través de transferencias cuando comenzó el proceso de ilegalización, "ante el temor" de que se procediera a decretar su embargo o inmovilización.

Destaca que la gestión económica-financiera se realizaba en la sede del PCTV en Usurbil (Guipúzcoa), donde se hallaron documentos de los tres partidos y las tarjetas y claves precisas para manejar las cuentas de ANV, lo que sería "inimaginable" si se tratara de "verdaderas organizaciones independientes".

Igualmente, el Abogado del Estado menciona que el 71 por ciento del personal laboral de ANV se encuentra relacionado "en mayor o menor grado" con Batasuna y sus antecesoras Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.

Sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que cuenta con nueve diputados en el Parlamento Vasco, el Ejecutivo considera "plenamente acreditado" que ha sido utilizado por el complejo ETA/Batasuna "como medio para burlar" la ilegalización de la formación abertzale decretada por el Supremo en 2003.

Para defender sus tesis, subraya que el PCTV no ha desarrollado actividad política alguna desde que se constituyó -en octubre de 2002- hasta su participación en los comicios autonómicos de 2005, cuando el TS anuló la candidatura de la agrupación electoral Aukera Guztiak y el PCTV asumió su programa político.

Destaca también que Batasuna es la que realiza la campaña electoral del PCTV, lo que, según el escrito, no puede justificarse con una "simple apelación a la ayuda espontánea de un grupo de personas de buena voluntad", como manifestó en la vista ante el TS la portavoz del partido en el Parlamento vasco, Nekane Erauskin.

"El PCTV no es más que una cáscara vacía, que ha sido utilizada por Batasuna para concurrir a las elecciones del Parlamento vasco de 2005 y que, una vez cumplida esta función, ha sido sustituida por otra formación política (ANV) a efectos de participar en nuevos procesos electorales", asevera el escrito.

La Abogacía del Estado apunta además que el grupo parlamentario PCTV ha actuado en la Cámara de Vitoria como sucesor de los grupos de Batasuna manteniendo sus mismas posturas y siendo controlado "de manera real y efectiva" por miembros del partido ilegalizado.

El hecho de que el PCTV haya contratado como asesores a Joseba Álvarez y Jone Goirizelaia -portavoz y abogada de Batasuna, respectivamente-, añade, "no hace sino reforzar que el PCTV ha sido instrumentalizado" por la formación abertzale.

Con la presentación de la demanda del Abogado del Estado y de la Fiscalía, que lo hizo el pasado día 4, los partidos demandados tienen ahora un plazo de 20 días para formular sus alegaciones y el TS podrá decidir en los veinte días siguientes, lo que supone que a mediados de septiembre la Sala del 61 podría haber dictado sentencia sobre la ilegalización de ANV y PCTV.