La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó ayer que el Ejecutivo no presta consideración alguna a las declaraciones de la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn Wittgenstein porque "son grabaciones antiguas" y "afortunadamente, no afectan" a Felipe VI. Celaá se pronunció así ante una pregunta sobre las grabaciones publicadas en El Español y OKDiario en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender que Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

En lo relativo a "las grabaciones que afectan a Corinna -respondió la ministra portavoz-, afortunadamente no afectan al Jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI; son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos".

En la misma comparecencia tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludió aclarar si la Agencia Tributaria abrirá una investigación sobre el contenido de esas grabaciones en lo que respecta a don Juan Carlos, ya que, "por ley", la AEAT "no habla ni de contribuyentes, ni de expedientes ni de investigaciones".

Ante otra pregunta sobre si Hacienda desvelará si don Juan Carlos se acogió a alguna amnistía fiscal del anterior Gobierno del PP, Montero indicó que el Ejecutivo estudia la posibilidad de dar a conocer la identidad de los contribuyentes que se acojan a nuevas amnistías fiscales, pero no con carácter retroactivo.

Según precisó, con una "modificación legal" se "podría hacer efectivo" el anuncio de las identidades "a raíz de la entrada de la ley para las nuevas amnistías fiscales", pero el Gobierno no encuentra "la capacidad jurídica de trasladarlo a cuestiones que se hayan efectuado con anterioridad".

Por otro lado, el juez Diego de Egea dejó ayer en libertad, en contra del criterio de la Fiscalía, al comisario Enrique García Castaño, arrestado tras la filtración de una conversación del también comisario José Villarejo, en prisión por el caso Tándem, y Corinna sobre el patrimonio del ex Jefe del Estado. Al rechazar su ingreso en prisión, el juez de la Audiencia Nacional le impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España sin autorización.