El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se opuso ayer a levantar la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley del Parlamento vasco mediante la cual el lehendaki, Juan José Ibarretxe, promueve una consulta popular. Considera que el referéndum pretende "utilizar" a los electores del País Vasco, "instrumentándolos en decisiones y asuntos que afectan a todos los españoles y que, en consecuencia, es a todos éstos a quien correspondería consultar".

Según el recurso del abogado del Estado, de celebrarse la consulta "se produciría un perjuicio irreversible para el interés general y una quiebra estructural de la seguridad jurídica".

Además, considera que la ley aprobada por el Parlamento vasco tiene como objetivo dotarse de un instrumento de presión frente al Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "aunque éste sea inconstitucional". Asimismo, apunta que la suspensión cautelar dictada por el TC no supone un perjuicio irreversible porque si el tribunal avalase finalmente la consulta tras el 15 de septiembre (fecha prevista para convocarla), bastaría con posponer estos planes.

Por eso, los Servicios Jurídicos del Estado se ratifican en la conveniencia de que se resuelva el recurso de constitucionalidad antes de esta fecha. De todas maneras, recalca que "sean cuales sean los resultados electorales, ni el Gobierno vasco ni el de España pueden violar el orden constitucional, porque la Constitución es suprema".

"Si se levantara la suspensión de la ley recurrida y, celebrada la consulta se estimara con posterioridad este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible, puesto que la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva" que la Constitución reserva al Estado y lesionando además el "capital interés de preservar la soberanía del pueblo español", asegura el texto.

Así, añade que "la realización de la consulta de acuerdo con el calendario incorporado a la Ley supondría otorgar una prima política al lehendakari puesto que, aun cuando el electorado respondiera negativamente a una o a las dos preguntas, se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento para forzar al Gobierno a seguir los dictados políticos del lehendakari".

Desde el PP, su número dos, María Dolores de Cospedal, calificó de "disparate" que los partidos del tripartito vasco (PNV, EA y EB) "defiendan un ataque a la soberanía nacional y a la Constitución" como la "consulta Ibarretxe". "La consulta es un desafío a la democracia y a la Constitución y seguir en esa deriva soberanista, que es una locura, no hace más que perjudicar a los ciudadanos del País Vasco", remató.