Consejo de Ministros El Gobierno aprueba su reforma educativa pero no tendrá tiempo para tramitarla

  • La llamada 'Ley Celaá', que busca sustituir la Lomce, incorpora aportaciones de todas las CCAA salvo las gobernadas por el PP.

Isabel Celáa y Dolores Delgado. Isabel Celáa y Dolores Delgado.

Isabel Celáa y Dolores Delgado. / EFE

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), también conocida para la Ley Celaá y que suponía la principal propuesta en educación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril impedirá que el texto llegue a prosperar en el Congreso de los Diputados.

"Es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado", ha defendido la ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que al texto se han incorporado aportaciones de todas las comunidades autónomas "salvo de las gobernadas por el Partido Popular.

Celaá ha calificado este proyecto de ley como "imprescindible" por su propósito de derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. "Los efectos de la Lomce son nocivos para el sistema educativo español", ha afirmado la ministra.

Según ha expuesto Celaá este viernes, la Lomce "ha hecho descender el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato" desde su aprobación. "La Lomce no conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas", ha añadido en alusión a la ley impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy.

La Ley Celaá pretende derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. Acabar con los aspectos más "lesivos" de la Lomce era una cuestión "urgente" para el Gobierno de Sánchez, como afirmó Celaá el pasado mes de julio en su primera comparecencia en el Congreso. Sin embargo, la Lomce seguirá vigente, como mínimo, hasta el próximo curso escolar 2019-2020.

La reforma educativa de la ministra Celaá pasó de ser una modificación puntual de la Lomce, como anunció en sus primeros meses al frente de la cartera de Educación, a una derogación completa de la 'Ley Wert' que pretendía retroceder hasta la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 con una renovación de su articulado.

Los plazos de Celaá se han ido postergando en los ocho meses que lleva en el Ministerio. La vacilación en los tiempos también se ha repetido en la fórmula para acabar con la 'Ley Wert'. A finales del pasado mes de noviembre, cuando ya se había filtrado el borrador de la reforma educativa con una disposición que confirmaba la derogación completa de la Lomce, Celaá mantenía que sólo pretendía "modificar los aspectos más controvertidos" de la ley aprobada en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La semana pasada, la ministra de Educación y Formación Profesional detallaba en el Congreso su reforma anunciando a los diputados que "en breves días" dispondrían del articulado de su anteproyecto de ley. El número dos de Celaá en el Ministerio, Alejandro Tiana, ya advirtió en julio del año pasado en una entrevista que era "complicado" derogar la Lomce en esta legislatura. 

Medidas de la reforma

La reforma de la Ley Orgánica de Educación que ha aprobado este viernes el Gobierno elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular".

"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se leía en el documento.

La Ley Celaá recoge además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la aprobación por "compensación" que existe en la universidad.

Otra de las medidas anunciadas por Celaá para reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE, como eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, se incorpora al proyecto de ley, donde desaparece este "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.

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