España

El Gobierno niega haber contratado un abogado en Bélgica para Llarena

  • La Moncloa aún está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado en defensa del juez del Tribunal Supremo ante la demanda de Puigdemont y cuatro ex 'consellers'

Carles Puigdemont, flanqueado por sus ex 'consellers' Lluís Puig y Clara Ponsatí durante una reunión con diputados de JxCat en Bruselas. Carles Puigdemont, flanqueado por sus ex 'consellers' Lluís Puig y Clara Ponsatí durante una reunión con diputados de JxCat en Bruselas.

Carles Puigdemont, flanqueado por sus ex 'consellers' Lluís Puig y Clara Ponsatí durante una reunión con diputados de JxCat en Bruselas. / Stephanie Lecocq / Efe / Archivo

La Abogacía del Estado está estudiando si se persona en el procedimiento abierto por un juez de Bélgica tras la demanda civil presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y por cuatro ex consellers huidos.

"No existe aún ningún acuerdo al respecto ni se han contratado los servicios de ningún abogado en Bélgica", según asegura en un comunicado el Ministerio de Justicia.

El instructor del 'procés' está citado el 4 de septiembre ante un tribunal belga

Según habían informado a Efe fuentes jurídicas, el Gobierno ya había contratado a un abogado en ese país para defender la integridad y la jurisdicción española ante los tribunales belgas en esa causa, que actuaría bajo la dirección y supervisión de la Abogacía del Estado.

No obstante, el Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía, matiza que aún no se ha tomado ninguna decisión ni efectuado contrato alguno.

Justicia señala en su comunicado que los servicios jurídicos del Estado recibieron ayer por la mañana el acuerdo adoptado el jueves por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que amparó a Llarena e instó al Ministerio a adoptar "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Si finalmente se considerara necesaria la intervención de la Abogacía del Estado ante el tribunal belga, ésta deberá desarrollarse de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

En concreto, recuerda Justicia, con la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, con el Reglamento que la desarrolla y con el Convenio de colaboración entre el CGPJ y el Ministerio para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado.

Justicia indica que estas normas prevén que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse a través de la contratación de un abogado en el país de que se trate, ya que ese órgano no tiene capacidad legal para personarse, aunque sí puede hacerlo cuando se trata de tribunales internacionales, pero no cuando es un órgano judicial de otro país.

"En cualquier caso, no se ha adoptado aún ninguna decisión en este sentido", concluye el comunicado.

La demanda ha sido presentada por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

En ella afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.

El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios