El Gobierno introducirá en el Código Penal una nueva medida, denominada "custodia de seguridad", aplicable a los delitos más graves -excluidos los de terrorismo- y mediante la cual el tribunal podrá imponer en la sentencia un plazo de privación de libertad más allá de la condena de hasta diez años. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras mantener una reunión con Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, asesinada en 2009 y cuyo cadáver aún no ha sido localizado.

La "custodia de seguridad" supondrá la privación de libertad más allá de la condena de las personas a las que les sea aplicada -aunque puede ser en un régimen más atenuado- y que podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria, de modo que la medida se mantendrá sólo mientras subsista la peligrosidad del penado. La nueva medida podrá ser impuesta -siempre que se considere conveniente tras realizar un pronóstico individualizado de la peligrosidad del penado- en casos de delitos graves que conlleven violencia o intimidación, delitos sexuales y tráfico de drogas, así como cuando existan antecedentes por otros delitos graves o se reincida tras cumplir la condena.

La "custodia de seguridad", que ya se aplica en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca, será impuesta por el tribunal en la misma sentencia en la que se fija la pena de prisión que corresponda. Según señaló el ministro de Justicia tras reunirse con Antonio del Castillo, ésta es la "respuesta más adecuada" para conseguir "acabar con la impunidad" en los delitos de agresión sexual.

Antonio del Castillo, que criticó en su momento que la prisión preventiva revisable fuera sólo para terroristas, presentó al ministro un documento en el que ha pedido una serie de modificaciones legales contra los delitos más graves y de carácter sexual, entre las que figura la pena de prisión permanente revisable para este tipo de crímenes. Ruiz-Gallardón reiteró, sin embargo, que esta pena se aplicará "sólo a terroristas" porque es la figura adecuada para las personas que entran en una organización cuyo fin último es "atacar la esencia del Estado de Derecho" y la democracia. Esta medida se aplicará de forma generalizada a todos los terroristas, señaló el ministro.

En los casos de delitos graves, "pero individuales", se requieren medidas como la "custodia de seguridad", que será adoptada "en su caso" por el tribunal, que tendrá margen para ver si hay riesgo o no de que haya reincidencia y de si se aplica o no, señaló.

Ruiz-Gallardón anunció también que se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos sexuales, de forma que las condenas se apliquen por cada uno de los delitos cometidos. Asimismo, se agravará la pena por detención ilegal con desaparición forzada, sobre todo en los casos de motivación sexual y con víctimas menores, como en el caso de la propia Marta del Castillo o de los niños desaparecidos en Córdoba.

Estas medidas estaban contenidas también en el documento de propuestas de reforma para endurecer las penas contra los delitos graves, que Antonio del Castillo ha entregado a Ruiz-Gallardón, quien se comprometió a estudiarlo, al igual que las iniciativas para modificar la Ley del Menor.

El ministro agradeció la labor que Del Castillo está llevando a cabo en favor de la sociedad, ya que desde su "dolor personal" está trabajando y "ayudando al Gobierno, a los legisladores y a los jueces a mejorar la legislación para que no se repitan casos" como el de Marta.

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, asesinada en 2008 en Huelva, consideró ayer que la custodia de seguridad es "un parche más que no va a servir para nada".