El Gobierno no ha reclamado ningún informe jurídico sobre el ejercicio del derecho de manifestación, aunque siempre trabaja en conciliar su uso con los derechos de los ciudadanos que no participan en las protestas. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo "no ha reclamado ninguna posición jurídica" al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Justicia sobre esta cuestión, "ni se está trabajando en este sentido". Tras explicar que a lo largo de la democracia se ha debatido, "y mucho", sobre el derecho de manifestación, ha explicado que cada protesta es analizada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno afectada para ver de qué manera los itinerarios "perjudican lo menos posible al resto de los ciudadanos".

Reconociendo en todo momento el derecho de manifestación, según la vicepresidenta, la Delegación del Gobierno "en ocasiones" ha rectificado los itinerarios para los derechos de todos y, algunas veces, su decisión ha sido ratificada por los tribunales, y en otras no. "En este derecho y en su ejercicio -ha subrayado- vamos a buscar en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, preservamos también los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados posibles".

Soraya Sáenz de Santamaría, ha condenado los graves altercados registrados el pasado sábado en Madrid, una violencia que, ha dicho, supone una "línea roja", atenta contra "las libertades de todos" y debe ser rechazada "sin matices". "La violencia es una línea que nadie debería matizar ni escatimar condena", ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha reconocido la labor de las fuerzas de seguridad en su trabajo para garantizar la seguridad y libertad de todos, tanto de los que se manifiestan pacíficamente como de los que deciden no hacerlo.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la violencia "no tiene ninguna justificación", puesto que se trata de una "línea roja", cuya reacción en contra debe ser muy clara: "tolerancia cero frente a los violentos". "Ahí pocos matices", ha añadido la vicepresidenta antes de reclamar a todas las fuerzas políticas que sean muy claros en condenar estos hechos porque "la violencia no tiene cabida". "Una cosa es manifestarse pacíficamente y otra aprovechar una manifestación para atentar contra los derechos de los demás", ha apostillado.

La vicepresidenta ha calificado de "inadmisible" los disturbios que, en el caso de los registrados en madrid el pasado sábado tras las Marchas por la Dignidad, fueron de una violencia "absolutamente radical". Contra esos violentos, ha dicho, el Gobierno y las fuerzas de seguridad "actúan, reaccionan y perfeccionan los dispositivos", porque defender el derecho de manifestación consiste en "evitar que los violentos participen en ese tipo de actos".

Por todo, ha insistido en que la condena contra estos hechos se haga con claridad y no de otra forma para que los violentos no puedan tener "el mínimo resquicio" o la "cobertura" de alguien que pueda llegar a entender o cuestionar menos esa violencia. Una cobertura que, ha señalado, no van a tener ni del Gobierno ni de las fuerzas de seguridad, como tampoco, cree, de la sociedad democrática. "Nadie quiere esas escenas en la calle y espero que estemos todos unidos para demostrar que garantizar el derecho de manifestación es también evitar que algunos vayan buscando lo que van buscando", ha añadido antes de concluir que lo visto en las calles de Madrid "es poco edificante".