El Gobierno aprobó ayer la reordenación de la demarcación de las notarías para ajustar su número a las necesidades actuales del servicio, que ha cambiado en los últimos años debido a la disminución de la actividad económica y del número de transacciones.

El objetivo de la medida, solicitada por el Ministerio de Justicia, es mejorar la prestación que reciben los ciudadanos y acomodar la plantilla notarial a la realidad, creando nuevas oficinas y suprimiendo las que se consideran innecesarias. La nueva demarcación mantiene al máximo las plazas rurales unipersonales, a fin de garantizar la existencia de despachos notariales en localidades donde sólo hay uno, evitando así a los ciudadanos incómodos desplazamientos. En cuanto a las plazas pluripersonales, se amortizarán únicamente las que no sean imprescindibles para la prestación de un adecuado servicio público, atendiendo a los volúmenes de población y de contratación de cada localidad.

A partir de ahora, las notarías podrán ejercer de Puntos de Apoyo al Emprendedor en poblaciones inferiores a 500 habitantes, posibilitando la creación electrónica de empresas y sociedades en localidades donde estos despachos suponen, a menudo, la única oficina pública de la zona.

Respecto a Cataluña, el Real Decreto sobre Demarcación Notarial -que así se llama la norma aprobada por el Consejo de Ministros- respeta la competencia ejecutiva que esta comunidad autónoma tiene en la materia y que se concreta en la facultad de determinar el número y clase de notarías que deberán existir en cada uno de los distritos.