El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este sábado la fortaleza de la ciudadanía para sacar adelante el proceso soberanista y ha advertido de que, mientras a los políticos los pueden inhabilitar, "a todo un pueblo movilizado no le podrán hacer ni cosquillas".

Puigdemont se ha pronunciado así en su intervención en Lloret de Mar, en el marco del Consejo Nacional del PDeCAT un día después de anunciar que el 1 de octubre se llevará a cabo el referéndum independentista.

El dirigente ha insistido en que a los políticos les pueden "inhabilitar, suspender, amenazar y querellar", pero "a la gente se le tiene que tener mucho respeto".

"Con este proceso se acaba el momento del protagonismo principal de la política y llega el de la ciudadanía", ha añadido Carles Puigdmemont, que ha pedido a los contrarios al referéndum, que tengan "la honestidad de mirar a los ojos al pueblo de Cataluña y que se atrevan a decirle que no tiene derecho a decidir su futuro".

Voto exterior posible

Raül Romeva.

El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, asegura que el Govern "está trabajando" para que los catalanes que viven en el extranjero puedan votar en el referéndum como si se tratase de unas elecciones autonómicas, unos trámites de los que se está encargando la Conselleria de Gobernación.

Lo ha dicho en una entrevista de RAC, donde ha rechazado fijar la fecha de la convocatoria para este hipotético referéndum, pero sí que ha reiterado que el referéndum se trata de "una decisión colectiva del Govern" y que, como tal, todos los miembros del ejecutivo catalán asumirían tanto la convocatoria como las consecuencias que se derivarían de manera colectiva.

Preguntado por la posición de los comuns ante el anuncio de Puigdemont, Romeva ha apelado a la "magnífica oportunidad" que supondría poder elegir entre monarquía o república en este eventual referéndum como un factor de movilización para los electores que tienen dudas sobre la independencia, según él.

Por otro lado, no ha aclarado si este referéndum se ampararía en una norma legal específica o en la Ley de Transitoriedad Jurídica -una de las 'leyes de desconexión'- y ha reiterado que "todo sería más fácil" si se hubiese llegado a un acuerdo con el Estado para la celebración de este referéndum.