El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha autorizado a la Guardia Civil el registro en el despacho del senador de Bildu, Iñaki Goioaga, situado en las mismas instalaciones de la calle Elcano de Bilbao donde se encuentra el despacho de la principal arrestada ayer, la abogada Arantxa Zulueta, han informado fuentes jurídicas. Según han precisado fuentes de la lucha antiterrorista, el objetivo de este registro es buscar documentación que los detenidos podrían haber escondido en ese lugar al tener conocimiento de que la Guardia Civil se iba a personar en lugar tras la nota de prensa del operativo adelantada por el Ministerio del Interior. Goioaga, quien también es abogado de presos de ETA, se encontraba presente en lugar en el momento de las detenciones, pero los agentes no tenían entonces orden de registro en su despacho, una autorización que han solicitado este jueves y el juez Velasco, que dirige las diligencias, se la ha concedido. El senador llegó a alegar su condición de aforado ante los agentes, según las fuentes jurídicas consultadas. Esas dependencias de la calle Elcano de Bilbao es el lugar en el que estaban reunidos Zulueta y otros cinco integrantes permanentes del KT a los que el Instituto Armado acusa de ser los encargados de diseñar la estrategia del Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) y ser la correa de transmisión entre la banda terrorista y las cárceles. Durante toda esta madrugada los agentes de la Guardia Civil han permanecido registrando los lugares para los que tenían autorización. En concreto han abandonado la calle Elcano a las 4.30 horas después de incautarse más de treinta cajas de documentación y ordenadores además de varias bolsas.

En esos registros estuvo presente en todo momento Arantxa Zulueta asistida por abogado Alberto Zenon. La letrada abandonó detenida el despacho a las 4.30 y en la zona permanecían concentradas varias decenas de personas que le brindaron gritos de apoyo a los que ella correspondió levantando los brazos. Horas antes también había presenciado los registros la detenida Aitziber Sagarminaga, quien abandonó el lugar minutos antes de las 23:00 horas.

La Fiscalía pide un informe a Interior por dar detalles de las detenciones antes de ejecutarse

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido un informe al Ministerio del Interior para que explique lo sucedido en relación a la filtración anticipada, a través de una nota informativa, de la operación que llevó a cabo la Guardia Civil contra el grupo de interlocutores de los presos de ETA. Fuentes fiscales han informado hode que el departamento que dirige Javier Zaragoza ha abierto diligencias informativas para estudiar si los hechos tienen relevancia penal y, para ello, se ha solicitado ese informe a Interior aunque desde la Fiscalía se cree que todo apunta a un error. Si finalmente se trata de un error, los hechos no revestirían relevancia penal, por lo que previsiblemente se acabará archivando este asunto.

El Ministerio del Interior difundió ayer una nota informativa de la operación contra los interlocutores de ETA, que se saldó con ocho detenidos, cuando la misma aún no había comenzado y los agentes no habían salido de sus acuartelamiento para proceder a los registros y arrestos. La operación fue difundida por el Ministerio a las 15.06 horas en su cuenta de Twitter y mediante una nota a los medios de comunicación, aunque sin nombres ni número de detenidos, antes de que los guardias civiles hubieran procedido a la entrada en el despacho de la abogada vinculada a ETA Arantza Zulueta, donde estaba prevista una reunión de los interlocutores con el colectivo de presos EPPK.

Media hora después, el Ministerio del Interior anuló la nota sobre las detenciones, ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco. La Guardia Civil asestó ayer un golpe al grupo de interlocutores de los presos de ETA y detuvo a ocho personas, entre ellas los abogados Zulueta y Jon Enparantza, en una operación que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "un paso más" para el definitivo final de la banda. Junto a Zulueta y Enparantza, fueron arrestados Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren. Los detenidos forman parte del grupo que se constituyó en julio de 2012 para ser interlocutores con los presos de ETA y propiciar contactos con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los internos de la banda terrorista.

Gobierno vasco cree que la operación es "un paso atrás"

 El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que la operación desarrollada este pasado miércoles por la Guardia Civil contra los interlocutores del colectivo de presos de ETA (EPPK) es un "paso atrás" y ha denunciado que no se informara previamente a la Ertzaintza del dispositivo, sino "cuando ya estaba en marcha" y habían tenido conocimiento de la misma por los medios de comunicación.  En rueda de prensa celebrada en Vitoria, Erkoreka ha subrayado que el terrorismo de ETA ha terminado por lo que cree que "tenemos la oportunidad de favorecer un futuro de paz y de convivencia para Euskadi".

Por ello, ha afirmado que en este contexto, la operación llevada a cabo en Bilbao "constituye un paso atrás" y cree que es "reflejo del empecinamiento" del Ministerio del Interior en hacer creer que nada ha cambiado" cuando "la realidad ha cambiado a mejor en Euskadi". "El Ministerio del Interior se empecina en volver permanentemente al pasado", ha criticado. Al respecto ha criticado la "burda orientación mediática" de la operación que cree que pone de manifiesto la "ligereza y el cortoplacismo" con el que opera el Gobierno central en este ámbito. "Ha quedado patente que el primer interés del Ministerio era el mediático", ha insistido señalando que fue condicionado "por el horario del Telediario", lo que es "digno de ser denunciado".

En referencia a las informaciones dadas a conocer sobre la operación y su posterior anulación por parte del Ministerio de Interior, Erkoreka ha informado de que la Guardia civil no comunicó previamente a la Ertzaintza el dispositivo sino que la policía vasca conoció la existencia del registro por los medios de comunicación, y posteriormente recibió una "comunicación directa" de la misma "pero cuando ya estaba en marcha".

Por ello, ha informado de que la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, "a la vista del desconcierto generado por las contradicciones y por las comunicaciones públicas desmentidas posteriormente, se puso en contacto con el Ministerio de Interior para transmitir su "malestar por el escaso margen temporal que se le había dado para reaccionar y por la desconsideración" que supuso esta forma de actuar respecto al cuerpo policial de la Ertzaintza.