La oposición catalana ha exigido al Ejecutivo catalán dimisiones después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya exigido a la Generalitat la inmediata retirada de su campaña para fomentar el voto en las elecciones del 25-N al Parlamento, en la que se recordaba la manifestación independentista de la Diada. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado que acatan la decisión de la JEC, aunque la Generalitat la recurrirá y ha denunciado que se impida la aplicación del Estatuto catalán al hacer prevalecer en esta decisión la legislación española.

La JEC ha resuelto que la campaña institucional de incentivación del voto "no está amparada por la legislación electoral" aplicable a las elecciones al Parlamento de Cataluña, según el texto de la resolución, que también acuerda que, en consecuencia, la Generalitat de Cataluña "deberá proceder a su inmediata retirada, sin que proceda la incoación de expediente sancionador". La JEC asegura que en los periodos electorales únicamente pueden hacerse campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en la que tendrán lugar las elecciones o el referéndum, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo, y "estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto".

Los anuncios de la Generalitat incluían imágenes de la manifestación del pasado 11 de septiembre, ante las cuales un joven decía: "Yo estuve en la última Diada". Tras esta afirmación, otro joven aparecía leyendo la frase "Yo voté". El Gobierno catalán cifró en 271.000 euros el coste de esta polémica campaña.

La resolución de la JEC argumenta la prevalencia de la legislación estatal en este asunto citando el apartado cinco de la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto, según el que "en todo aquello que no esté previsto en la presente disposición serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales". De hecho, la JEC ya adoptó decisiones similares en 2006, cuando obligó a cambiar la campaña de fomento del voto en el referéndum del Estatuto del 2006, cuando gobernaba Cataluña Pasqual Maragall.

El Gobierno catalán ha denunciado que se impida la aplicación del Estatuto al hacer prevalecer la legislación española. En rueda de prensa, su portavoz, Francesc Homs, ha recordado que el Estatuto mandata a los poderes públicos hacer campañas institucionales para fomentar el voto y ha criticado que se lamine la capacidad del autogobierno en esta materia. "Ni hacer consultas ni fomentar el voto, parece que todo aquello relativo a la democracia les dé pánico", ha agregado Homs. Homs ha precisado que la resolución de la JEC no entra en el "fondo" de los anuncios que, ha defendido de nuevo el portavoz, no vulneran la "neutralidad", "objetividad" e "imparcialidad" necesaria en este tipo de campañas institucionales, sino que cuestiona el propio Estatuto. "Lo que nos dice la Junta Electoral Central es que entre el Estatuto, que es ley orgánica, y la ley española, prevalece esta última, en la línea de lo que sucede en los últimos tiempos", ha lamentado Homs, motivo por el cual ha avanzado que el Ejecutivo catalán no impulsará de cara a estas elecciones autonómicas otra campaña institucional.

Por contra, el líder del PSC, Pere Navarro, ha exigido la dimisión de los "máximos responsables" de la Generalitat en la elaboración de la campaña: "Ya dijimos que era partidista porque se confunde el país con el partido que lo gobierna, con CiU". El portavoz adjunto del PPC, Santi Rodríguez, ha pedido a CiU que "deje de hacer trampas y pague sus campañas con su propio dinero". Asimismo, el jefe de campaña de ERC, Lluís Salvador, ha expresado su "respeto" por la decisión de la JEC puesto que considera que "había generado demasiada incomodidad". El director de campaña de ICV, Marc Rius, también ha pedido "el cese inmediato" del responsable de la campaña institucional. Ciutadans ha puesto en manos de sus abogados analizar qué iniciativas va a tomar para pedir responsabilidades por una campaña institucional que costó 271.000 euros. La organización Hartos.org, se ha congratulado de la decisión de la JEC y ha recordado que ha sido "la única organización no parlamentaria que ha denunciado la campaña" institucional.