El Ministerio de Justicia ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una lista con los nombres de los 1.635 jueces y magistrados que, según los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, secundaron la huelga del pasado miércoles. Según el Ministerio de Justicia, la solicitud se realiza "a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar". El CGPJ, por su parte, podría debatir el asunto el próximo martes en la Comisión Permanente, pues la remisión a Justicia de los datos requeridos no se puede realizar sin más, según informó el CGPJ.

En una carta remitida por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, el ministro ha solicitado una relación nominal de los 1.635 jueces y magistrados que protagonizaron el parón del pasado miércoles, con el objetivo de tomar, si fuera necesario, "las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar", según informó hoy el Ministerio. Bermejo señaló en la carta que "vista la comunicación de ese Consejo General con el resultado de la convocatoria de huelga del pasado día 18 de febrero, ruego me remitas al Ministerio de Justicia una relación nominal de los jueces y magistrados que manifestaron que se declaraban en huelga".

El CGPJ, por su parte, señaló que esa remisión a Justicia de los datos requeridos no se puede hacer sin más, porque es una decisión que debe aprobarse por alguno de los órganos de esta institución. De hecho, el asunto podría llevarse a la Comisión Permanente del próximo martes, para debatir de viabilidad de la petición.

De llevarse a cabo las medidas "de carácter retributivo" a las que hacía referencia Bermejo, los vocales del Consejo que han manifestado, a título particular, que sería "lógico" reducir el sueldo de los huelguistas correspondiente a la jornada perdida, verían, así, escuchadas sus peticiones. No obstante, ninguno de los consultados se pronunció sobre la eventual responsabilidad disciplinaria en la que podrían haber incurrido los jueces que pararon, un aspecto en el que sí es competente el órgano de gobierno del Poder Judicial. La información referente a las incidencias y molestias causadas por la huelga, es decir, todas las causas pendientes y juicios que no se pudieron celebrar con motivo de la huelga, llegará al CGPJ los próximos días, remitidas por las distintas comunidades autónomas. Esta información será valorada por el Consejo, aunque las fuentes consultadas dudan de que acaben generando expedientes disciplinarios.

Los datos oficiales no son los mismos que los que hicieron públicos los convocantes de la protesta, que hablan de un seguimiento de la huelga por parte del 60,62 por ciento de la carrera. Según fuentes de las asociaciones convocantes, esta diferencia de datos radica en que algunos magistrados no fueron a trabajar el pasado miércoles y no comunicaron este hecho al presidente del tribunal superior de justicia al que pertenecen, pero sí a las asociaciones. De ser así, los más de quinientos jueces que no comunicaron su determinación de secundar la huelga a su tribunal superior de justicia, podrían librarse del descuento correspondiente en su nóminas que el Ministerio de Justicia pretende llevar a cabo.

La huelga fue convocada en señal de protesta y reivindicación, por parte de los jueces y magistrados españoles, para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas acepten sus pretensiones de implantar la nueva Oficina Judicial, adecuar el ratio de jueces al de la media europea, aumentar los sueldos y no perder la agenda de los señalamientos. Sin embargo, el elemento desencadenante fue el malestar colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno a raíz de la decisión del CGPJ de sancionar al juez Rafael Tirado, tras su actuación en el caso de la niña Mari Luz.