La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que "cumpla su palabra" y que este mismo viernes presente un decreto ley que exima del pago de las tasas judiciales a las mujeres víctimas de violencia machista. Valenciano se ha reunido en la sede madrileña de los socialistas con profesionales del ámbito de la Justicia y asociaciones de mujeres para analizar la aplicación de las tasas judiciales en los juzgados de violencia de género y los mecanismos para conseguir su paralización.

En rueda de prensa posterior, ha explicado que el PSOE está ultimando un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de las tasas judiciales, que presentará antes del 21 de febrero, cuando concluye el plazo legal para hacerlo. Un recurso global -ha añadido- que incluirá también la especificidad del caso de las mujeres víctimas de violencia machista, habida cuenta de que hoy en día tienen que "tirar de la tarjeta de crédito" para "salir del infierno del maltrato".

Ha recordado Valenciano que tanto Gallardón como la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, prometieron que las mujeres que sufren violencia de género estarían exentas del pago de las tasas judiciales en los procesos civiles como los de separación, divorcio o custodia de los hijos. "Y eso es mentira; tienen que pagar por ello", se ha lamentado la número dos del PSOE, en cuya opinión es "completamente intolerable" que se les haga pagar "para salir del infierno del maltrato y violencia al que están sometidas". Así las cosas, ha emplazado a Gallardón a cumplir su palabra y a presentar en el Consejo de Ministros un decreto ley que paralice ese cobro de tasas.

En la misma comparecencia informativa han estado presentes Abigail Fernández González, en representación del Sindicato de Secretarios Judiciales; la presidenta de la subcomisión de violencia de género del Consejo General de la Abogacía, Filomena Peláez; y la abogada Verónica del Carpio, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Del Carpio ha anunciado que, con carácter inmediato, esa organización presentará un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la orden ministerial que desarrolla la ley, convencida de que es "inconstitucional". Más aún, ha invitado a las distintas asociaciones de defensa de justiciables a "inundar" de recursos la Audiencia Nacional para que "se vea que hay una voluntad general de paralizar la ley".

Tanto Abigail Fernández González como Filomena Peláez han advertido asimismo de la complejidad de la aplicación de esta norma y de su arbitrariedad, ya que está redactada de una forma tan generalista que en algunos casos depende del criterio del secretario del juzgado o del juez si se cobran o no tasas por un caso.