La disposición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a estudiar una reforma constitucional la próxima legislatura, ha sido bienvenida por el PSOE, que le ha reprochado, no obstante, el matiz "electoralista" de una medida que se afrontaría, según ha dejado claro el PP, con todos los partidos.

Un día después de que el presidente del Gobierno, tras reunirse con el Rey, dejara abierta la puerta a reformar la Carta Magna en puntos como la sucesión de la Corona y las competencias autonómicas, la presidenta del comité federal del PSOE y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha emplazado al PP a ponerse de acuerdo para ver qué cambios requiere la Carta Magna. "Queremos dar la bienvenida a Rajoy a este debate porque nosotros llevamos trabajando tiempo en una propuesta de una Constitución sólida que dé estabilidad a este país", ha dicho.

La misma idea que tiene el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien ha defendido la necesidad de reformar la Constitución para aprobar un texto "dialogado y consensuado" entre todas las fuerzas políticas. Y como primer paso ha reclamado a Rajoy que convoque de forma urgente la Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar esta cuestión y otras también trascendentes como la financiación autonómica.

La secretaria general adjunta del grupo socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez, ha sido más crítica con Rajoy al acusarle de "irresponsabilidad" por plantear un asunto tan importante como la reforma constitucional en "clave electoralista y de partido", ya que quedan cuatro meses para las generales. Ha reprochado al presidente que justo en este momento vea posible esa reforma cuando el PSOE ya propuso en diciembre pasado la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar una modificación de la Carta Magna y cayó en saco roto.

Desde el PP, su portavoz en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha afirmado que su partido "siempre" ha estado abierto al diálogo y al debate dentro del marco que establece la Constitución y que cualquier modificación se hará con todos los partidos. No cree, sin embargo, que esa posible reforma vaya a afectar a la relación de las comunidades con el Estado.

Xabier García Albiol, el candidato del PP a la Generalitat, es de los que piensa que el debate no debe ser si esta reforma supone una pérdida de competencias, "que no es así", sino que la reflexión debe ir más por el camino de lo que se debe hacer para que los servicios "sean más eficientes".

Muchas dudas genera la propuesta al presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, quien no tiene claro qué camino quiere emprender el PP con esta eventual reforma y si lo que pretende es "racionalizar o recentralizar el Estado de las autonomías". Tampoco entiende que el presidente se haya mostrado receptivo a reformar la Constitución "a cuatro días de las elecciones catalanas" pero, de todas maneras, no cree que la mejor solución para las aspiraciones de Cataluña pasen tanto por una reforma constitucional como por añadir a la Carta Magna una disposición adicional que, de una manera o de otra, "reconozca la específica identidad de Cataluña".

Por ahora, lo único que Mariano Rajoy ha apuntado sobre esa eventual reforma es que en ningún caso tendrá en cuenta los "parámetros" de los independentistas que quieran acabar con la unidad de España, pero sí podría contemplar cambios para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y para delimitar las competencias de las comunidades autónomas. Rajoy calificó el viernes de "magnífico" el dictamen de la reforma constitucional que en 2006 planteó el Consejo de Estado, una propuesta que realizó por encargo del anterior Ejecutivo socialista y que contó con el voto particular en contra del expresidente José María Aznar.

Este proyecto, que en su momento fue aparcado, vuelve a recuperar visibilidad casi diez años después de aprobarse -el 6 de febrero de 2006- bajo la presidencia de Francisco Rubio Llorente. Además de fijar las competencias autonómicas, proponía reducir en 25 el número de senadores y otorgar mayor poder legislativo a la Cámara Alta.