POR sorpresa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer un paquete de medidas para combatir el paro y para paliar la situación económica de las familias españolas.

Vayamos por partes. De entrada, Zapatero puso sobre la mesa una moratoria de dos años para el pago del 50% de la hipoteca para los trabajadores que se queden en paro antes del 1 de enero de 2010, siempre, eso sí, que el crédito no supere los 170.000 euros y se haya formalizado antes del 1 de diciembre de 2008.

El aplazamiento de este pago, que tiene un límite de 500 euros mensuales, comenzará a partir del 1 de enero de 2009 y se desarrollará durante un periodo máximo de 24 meses; es decir, hasta diciembre de 2010. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) garantizará el pago de las cantidades aplazadas, que serán prorrateadas hasta un máximo de 10 años.

De esta medida podrán beneficiarse también los trabajadores autónomos con cargas familiares que hayan tenido que cerrar sus negocios o que tengan pérdidas abultadas o cuyos ingresos se hayan reducido por debajo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Hasta aquí, muy bien: unas 500.000 personas, mayoritariamente mileuristas, se beneficiarán de estas medidas al verse liberados de pagar 500 euros mensuales en el caso de caer en un paro que la CE prevé que en 2010 se situará en el 15,5%, con un crecimiento del 0,2% en 2009 y del 0,5% al año siguiente.

El alivio hasta enero de 2011 será evidente, pero entonces la hipoteca subirá hasta alcanzar una media de 100 euros, y si el parado no ha encontrado trabajo, la situación empeorará. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. El aplazamiento no deja de ser una patadita hacia adelante, esperando tiempos mejores.

En cuanto a las medidas diseñadas estrictamente para combatir el paro, aunque deberán recibir el visto bueno de sindicatos y patronal, parecen tener la misma chicha que la de los 400 euros. Resultan poco comprensibles, sobre todo la de los 1.500 euros por contrato fijo, si tenemos en cuenta que casi todo el mundo coincide en que los graves problemas que sufren muchas empresas españolas son de financiación; es decir, los bancos, antaño generosos en la concesión de créditos, ahora han cerrado los grifos incluso a aquellas que cumplían con sus obligaciones bancarias por una rentabilidad acreditada. ¿O es que ahora los 50.000 millones de euros para comprar activos no son suficiente garantía para que nuestro sólido sistema financiera pueda seguir presentando beneficios y prestar de nuevo dinero a los empleadores?