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Procesado el 'pequeño Nicolás' por hacerse pasar por emisario del ReyBarcelona estudia pedir responsabilidad penal a Interior por el CIE

  • El juez propone también juzgar a dos policías que acompañaron al joven en un viaje a RibadeoEl Gobierno replica que el Ayuntamiento no tiene competencias en el Centro de Internamiento

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha procesado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por un representante de la Casa Real y la Vicepresidencia del Gobierno, en un viaje que presuntamente hizo a Ribadeo (Lugo) para organizar una comida con un conocido empresario.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado -paso previo a la apertura del juicio oral- el juez Arturo Zamarriego cierra la investigación y propone juzgar a Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, y los dos policías locales que lo acompañaron en aquel viaje, a quienes les pagó para preparar el viaje y simular que eran agentes de seguridad.

Considera el magistrado que los hechos descritos son indiciariamente constitutivos de los delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y dos delitos de cohecho. Ahora, el juez da un plazo de 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. No obstante, el auto no es firme y las partes tienes tres días para presentar un recurso de reforma ante el juzgado y cinco para si se trata de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Según relata el juez, Gómez Iglesias "haciéndose pasar por representante de la Casa Real y la Vicepresidencia del Gobierno, contactó con el empresario Jorge Cosmen con el fin de concertar una reunión entre ambos". Éste accedió a entrevistarse con él en un restaurante de Ribadeo el 13 de agosto de 2014.

El Ayuntamiento de Barcelona estudia si puede pedir responsabilidades penales al Ministerio del Interior por desobedecer la orden de cese de actividades del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no permitir el acceso a los inspectores municipales, además de seguir con la vía administrativa.

El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, aseguró que el Ayuntamiento ha pedido a sus servicios jurídicos estudiar si la respuesta de Interior ante la orden de cese puede implicar responsabilidades penales: "Hay que ver si la desatención de órdenes puede tener algún tipo de responsabilidad penal".

Mientras, el Gobierno advirtió ayer al Ayuntamiento que no tiene competencias en materia de extranjería ni sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros.

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