El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado el archivo parcial de la investigación sobre su patrimonio porque, afirma, se basa en hechos falsos, se le atribuye la propiedad de una empresa que no era suya y se le acusa de un supuesto delito fiscal que de haberse cometido ya estaría prescrito.

Además de todo esto, el ex ministro de Economía advierte a la Audiencia Provincial de Madrid de que la nueva pieza separada sobre la empresa COR, abierta en abril por el instructor del caso, surge a raíz de documentación incautada de forma ilegal durante el registro de su despacho.

A pesar de ello, la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, le acusa de un presunto fraude fiscal de 179.458 euros en el ejercicio 2009, que habría prescrito en julio de 2015.

Sin embargo, la fiscal Elena Lorente consideró que, dada la complejidad de la investigación, procedía solicitar un nuevo informe sobre los ingresos de COR Comunicación, unas operaciones "de riesgo" que generaron "grandes beneficios" al ex ministro, según la ONIF.