España

La Junta dispondrá de 140 millones más en 2017 por el nuevo objetivo de déficit

  • El Consejo de Política Fiscal acuerda que se sitúe en el 0,6% del PIB con el rechazo de Cataluña, Baleares y Valencia.

  • Andalucía se abstiene al considerar el pacto "razonable pero insuficiente"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal celebrado ayer en Madrid.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal celebrado ayer en Madrid. / fotos: josé ramón ladra

Término medio. Ni el 0,5% que planteaba inicialmente el Ministerio de Hacienda ni tampoco el 0,7% al que aspiraban las comunidades autónomas socialistas. Finalmente, el objetivo de déficit autonómico del próximo año se situará en el 0,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), según acordaron el Ministerio de Hacienda y los Gobiernos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer en Madrid. Esta cifra permitirá que la Junta de Andalucía cuente con unos 140 millones de euros extra para los presupuestos del próximo ejercicio. Las cuentas, cuyo proyecto se encuentra en tramitación en el Parlamento, se habían elaborado con la premisa de un déficit del 0,5%. Esta cifra era la que se acordó en el último consejo celebrado en abril, pero no había sido refrendada por el Congreso de los Diputados por la parálisis política de los últimos meses.

El nuevo objetivo de déficit fue aprobado ayer con ocho votos a favor -todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP más Canarias-; tres en contra -los de Cataluña, Baleares y Valencia- y seis abstenciones, entre ellas Andalucía. Para el año 2018, el límite se situará en el 0,3%. El cónclave fue presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y contó con la asistencia por primera vez de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asumido la interlocución con los ejecutivos autonómicos.

El Gobierno andaluz critica que el Estado sólo haya concedido a las comunidades autónomas la flexibilización de una décima para el próximo año, pese a que sufragan políticas sociales que suponen el núcleo del Estado del Bienestar como la sanidad o la educación. A ello se suma que junto con las corporaciones locales han asumido "el 95% del recorte del gasto público entre 2011 y 2015". La Administración central se reserva "la parte más dulce" de la prórroga concedida por Bruselas a España, según indicaron fuentes de la Consejería de Hacienda. Sumando 2016 y 2017, los nuevos límites de déficit impuestos por la Comisión Europea otorgan a España un margen extra del 1,2% de su PIB, del que las comunidades apenas se benefician.

Las mismas fuentes explicaron que no se puede condicionar una posición en una votación a sólo una décima del déficit cuando hay "tantas cosas en la coctelera". Por ejemplo, Andalucía, no entiende que se pudiera votar sí a la propuesta del Ministerio sin conocer la distribución del déficit entre sectores o que no se hable del modelo de financiación.

Sin embargo, la Junta valora el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno de abordar la reforma de la financiación autonómica y la regla de gasto en la conferencia de presidentes convocada para el próximo mes de enero. "Se abre una vía de negociación en la que confiamos. Esperamos que el Gobierno cumpla su palabra", explicó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a la salida del consejo, donde calificó el acuerdo de "razonable pero insuficiente". Montero insistió en que el techo de gasto o los presupuestos generales no se abordaron en la reunión, ya que exceden sus competencias, aunque admitió que la decisión de ayer puede facilitar las conversaciones. "El Consejo de Política Fiscal es una llave para seguir hablando de estos temas que corresponden a otros dirigentes y a los grupos políticos", sostuvo la titular de Hacienda.

El acuerdo sobre el objetivo de déficit se fraguó antes del cónclave en varias reuniones del ministro de Hacienda con el PSOE y los presidentes y consejeros autonómicos. Fuentes socialistas lo vincularon a un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas. Las mismas fuentes recalcaron a Efe que la aceptación de este porcentaje, así como el acuerdo en torno al aumento del salario mínimo interprofesional, no anticipa ningún pacto o acercamiento sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni sobre el techo de gasto.

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