España

Sánchez valora rebajar la sedición y favorecer a los presos del 'procés'

  • PSOE y Unidas Podemos promoverán una reforma del Código Penal en el Congreso para modificar este delito y se aplicaría con carácter retroactivo a los independentistas encarcelados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración ayer del Foro Exceltur en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración ayer del Foro Exceltur en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración ayer del Foro Exceltur en Madrid. / Eduardo Parra / EP

Pedro Sánchez está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que "se ajusten mejor a la realidad actual", si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento, aunque de momento no hay una posición común entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Esta reducción conllevaría el beneficio para los políticos presos condenados por el procés.

La Moncloa no descarta suavizar las penas por sedición, pero tampoco el presidente del Gobierno renuncia a recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal que prometió en la campaña electoral del 10-N, cuando usaba un discurso muy duro contra el separatismo.

La reforma planteada necesitaría de una mayoría en el Congreso de 176 diputados

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, confirmó la voluntad del jefe del Ejecutivo de promover en el Congreso un "debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios" sobre la reforma del Código Penal que incluya la "tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Cataluña", en referencia a la rebelión y la sedición. Fuentes del Ejecutivo explicaron que aún no está decidido si la propuesta partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley.

Esta segunda opción permitiría a Podemos presentar su propia propuesta, escenario que fue al que apuntó el presidente el lunes por la noche en su entrevista en TVE al señalar que éste sería un debate que tendría que abrirse en la Cámara Baja. Si ésta fuera finalmente la vía para abrir el debate, la propuesta socialista se ajustaría a su programa electoral, pero sería sensible a las posiciones del resto de grupos con los que aspiraría a llegar a un acuerdo.

Montero recordó que la reforma del Código Penal no se suscita exclusivamente por la conveniencia de actualizar los delitos de rebelión y de sedición por los que se ha juzgado a los líderes del procés, sino también por la necesidad de revisar los delitos sexuales con la idea de introducir el consentimiento expreso en las relaciones.

En definitiva, el fin que busca el Gobierno es que el Código Penal "recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de la realidad" actual y "aclare determinados comportamientos delictivos". "Vamos con un planteamiento abierto", dijo.

Pese a que se le preguntó de forma reiterada, no aclaró si los socialistas son partidarios de suavizar el delito de sedición. Fuentes del Gobierno no descartan que finalmente se pudiera endurecer el delito de rebelión pero suavizar el de sedición. La reforma que se lleve a cabo se aplicaría a las personas que estuvieran condenadas por esos delitos. Es decir, que si se suaviza el delito de sedición, la condena del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del resto de condenados por sedición debería ajustarse de modo inmediato a los nuevos tipos penales, por lo que se beneficiarían de una rebaja de sus condenas.

La eventual revisión a la baja de las penas de sedición y rebelión obligaría a la Sala del Tribunal Supremo (TS) que juzgó el procés a aplicar un descuento de los años de condena a los líderes independentistas catalanes en prisión. Esta propuesta no causó sorpresa en la Sala de lo Penal del TS, ya que algunos magistrados habían advirtiendo de esta posibilidad incluso desde antes de conocerse la sentencia a Junqueras y a otros encausados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición. El derecho penal no es de aplicación retroactiva salvo que ello redunde en beneficio del reo, como sería el caso.

La reforma legal planteada exigíria a Sánchez un mayor apoyo en el Congreso del que obtuvo para su investidura, pues el Código Penal es ley orgánica y requiere para su reforma una mayoría de al menos 176 diputados.

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