Carrera fiscal

Segarra ocupará una plaza de fiscal de Sala en el Tribunal Supremo

  • El Consejo Fiscal ha propuesto este martes su nombramiento como fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de Personas con Discapacidad y Mayores

Segarra en el acto de apertura del año judicial en 2019. Segarra en el acto de apertura del año judicial en 2019.

Segarra en el acto de apertura del año judicial en 2019. / mariscal / EFE

El Consejo Fiscal ha propuesto este martes el nombramiento de la ex fiscal general del Estado María José Segarra como nueva fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores en el Tribunal Supremo. Segarra, que fue fiscal general del Estado entre el 4 de julio 2018 y el 11 de enero 2020, accedió a la carrera fiscal en el año 1987 y ha estado destinada en las Fiscalías de Barcelona y Sevilla, fiscalía esta última cuya jefatura ostentó durante más de 13 años.

La Fiscalía General del Estado ha informado este martes que con el nombramiento de Segarra "y hasta que exista una modificación legislativa, se hace justicia a quienes desde la carrera fiscal asumen la alta y dificilísima responsabilidad de ser Fiscal General del Estado". En el Pleno del Consejo Fiscal se han dirimido los informes para elevar la propuesta de nombramientos de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera Fiscal, entre los que destacan el nombramiento de cuatro nuevos componentes de la cúpula de la carrera fiscal: Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, dos hombres y dos mujeres.

Además de María José Segarra, ha sido propuesto para la jefatura de una de las Secciones de lo Penal José Javier Huete Nogueras; como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo se ha propuesto a Esmeralda Rasillo López; y como fiscal de Sala de la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral a Félix Pantoja García.

María José Segarra se reincorporó el pasado 11 de febrero a su puesto en la Fiscalía de Sevilla, tras su cese como fiscal general del Estado tras más de un año y medio en el cargo. El fiscal jefe de Sevilla le asignó un  despacho individual en donde antes trabajaban dos fiscales Anticorrupción, situado junto al del teniente fiscal, el número 2 de la Fiscalía sevillana, puesto que actualmente está vacante y que ya ha sido solicitado por el fiscal Emilio de Llera, que fue consejero de Justicia de la Junta de Andalucía.

María José Segarra fue nombrada fiscal general del Estado en junio de 2018 y el pasado 15 de enero el BOE publicó su cese y el nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como su sustituta. La salida de Serraga de la Fiscalía General guarda relación con la defensa de la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal de la que hizo gala desde que llegó al cargo.

Nada más conocerse su nombramiento, Segarra anunció que su mandato estaría marcado por la "total autonomía de funcionamiento" del Ministerio Público y en este sentido afirmó que su actuación en la Fiscalía General iba a estar marcada por los "principios constitucionales que inspiran al Ministerio Fiscal: sometimiento al principio de legalidad, a la defensa de los derechos de los ciudadanos y al interés público tutelado por la ley".

En su etapa al frente de la Fiscalía General, Segarra mantuvo el criterio de la Fiscalía en el juicio del procés, donde el Ministerio Público sostuvo su acusación por el delito de rebelión contra los políticos catalanes, criterio que también se siguió en el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente ha sido absuelto.

La independencia e imparcialidad de la Fiscalía que Segarra ha defendido a ultranza durante su mandato fue cuestionada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista afirmó que la Fiscalía General dependía del Gobierno, cuando fue preguntado sobre cómo tenía previsto traer de vuelta a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont. "¿La Fiscalía de quién depende?", preguntó entonces Sánchez al periodista que le entrevistaba, a lo que éste respondió: "del Ejecutivo". "Pues ya está", zanjó el presidente, quien posteriormente matizó sus afirmaciones.

Su apoyo a la denuncia contra la juez Bolaños

Un segundo motivo que contribuyó a la salida de Segarra, aunque en menor medida que la postura ante el desafío independentista, fue su rotundo apoyo a la denuncia que el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la instructora de las macrocausas como los ERE, los avales y préstamos de la agencia IDEA, o las transferencias realizadas por esta misma agencia pública.

La denuncia contra Bolaños, que fue finalmente archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocó el rechazo tanto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como en el propio PSOE, dado que María Núñez Bolaños era la instructora que estaba investigando las macrocausas que apuntan directamente a la gestión de anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y esta magistrada, de acuerdo con su criterio jurisdiccional, había archivado algunas de las piezas investigadas.

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