El Tribunal Constitucional (TC) ha recibido una comunicación del Senado en la que se prorroga -de momento, hasta el 12 de enero- el nombramiento de los cuatro magistrados de la institución cuyo mandato culmina el 29 de diciembre, entre ellos su presidente, Francisco Pérez de los Cobos.

El aplazamiento de la renovación de un tercio de los integrantes del Alto Tribunal afecta además a la vicepresidenta, Adela Asúa; al magistrado Ricardo Enríquez y a quien esté destinado a cubrir el vacío que dejó el fallecido Luis Ignacio Ortega. Todos ellos fueron elegidos en 2010.

Corresponde al Senado nombrar a sus sustitutos y desatar con ello el proceso para designar presidente -puesto para el que podrían competir Andrés Ollero y Juan José González Rivas, entre otros-. A ellos cabe sumar, siguiendo la regla no escrita de que se elija al presidente entre los magistrados más antiguos, Fernando Valdés Re y Encarnación Roca.

El primero, progresista, tiene escasas posibilidades pero otros, como Pedro González-Trevijano, podrían aspirar al puesto. Al menos, sintonizan con la mayoría conservadora imperante.

Sin embargo, para ello deberían tomar una cierta iniciativa y que los magistrados acordaran romper la regla no escrita de elegir a quien esté en los años finales de su mandato, cosa que no sucede en el caso de Trevijano.

De este modo, la renovación pendiente afectará, a través de quien sea nuevo presidente, a importantes aspectos del funcionamiento del Constitucional. El presidente fija el orden del día, ordena los debates y dispone de un voto de calidad para el caso de empates. No es poco en un tiempo de tensiones institucionales relacionadas con Cataluña.

De hecho, en el pleno que comenzó ayer y que se desarrollará también en la próxima semana, el tribunal debe resolver una admisión a trámite y suspensión solicitadas por el Gobierno contra nuevas resoluciones independentistas del Parlament. Y también un incidente de ejecución contra la política de Acción Exterior catalana, incidente que podría conllevar la apertura de actuaciones penales contra responsables políticos independentistas por desobediencia.