España

Varapalo del Consejo de Estado a los puntos clave de la reforma local

  • El informe dice que el coste de los servicios es un cheque "en blanco" para quitar competencias a los ayuntamientos.

El Consejo de Estado ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley de la reforma de la administración local que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere llevar a cabo, en el que lanza un severo aviso al Gobierno al dejar claro que el citado texto cuestiona el artículo 140 de la Constitución porque puede reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. En este sentido, explica que el llamado "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, incluido en la nueva regulación, se convierte en un cheque "en blanco" que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos.

El citado informe, está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Hernández Gil.

El texto supone un duro varapalo al anteproyecto presentado por el Gobierno al establecer dos claras conclusiones. Por un lado, dejando claro que "la garantía constitucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada" por el "vaciamiento competencial de los ayuntamientos. Y por otro, al ser muy crítico con la regulación que hace el texto del "coste estándar", al entender ésta que "resulta insuficiente" y "debe completarse", ya que el citado coste determinará que los ayuntamientos que no lo cumplan perderán las competencias sobre sus servicios y éstas pasarán a las diputaciones provinciales o a los cabildos o consejos insulares.

En este sentido, el órgano consultivo del Gobierno advierte de que, a pesar de que la aplicación de este parámetro contiene una función "ablativa" de las competencias municipales, lo único que dice el anteproyecto de ley es que le corresponde al Gobierno fijarlo mediante real decreto. Una remisión ésta que el órgano consultivo del Estado considera "tan amplia y carente de parámetros legales" que "prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno".

Por ello, el órgano consultivo del Estado recomienda regular "de manera suficiente" la definición de "coste estándar" precisando algunos "extremos relevantes" para su determinación y el modo en que ha de operar en la práctica.

En este sentido, ve necesario que el legislador establezca si el citado "coste estándar" es "único para todos los servicios" o si variará respecto de cada uno de ellos, o incluso si puede haber varios "costes" predeterminados para un mismo servicio en función de determinados criterios que también deberían identificarse.

Así, por ejemplo, el Consejo de Estado entiende que, dada la heterogeneidad de la realidad municipal española, deberían tenerse en cuenta variables como la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio, entre toros, y no sólo su tamaño o la densidad de población.

Además, cree que el anteproyecto debería concretar otros aspectos "esenciales" del procedimiento para determinar este parámetro y no es suficiente, precisa, "que se indique que deberá oírse a las autonomías y recabarse el informe de la Comisión Nacional de Administración Local".

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