España

El aborto y miles de millones por los ajustes en sus manos

  • El nuevo TC deberá resolver también recursos sobre la reforma laboral, Cataluña o las pagas extras

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) provocará un giro ideológico conservador en una institución que debe revisar asuntos trascendentales, como los recursos contra la ley del aborto.

El Alto Tribunal será el encargado de resolver además cuestiones vitales para la política española como la declaración soberanista de Cataluña y los ajustes sociales en materia de Sanidad o Educación del Gobierno de Mariano Rajoy.

La reforma laboral, las medidas fiscales propias emprendidas por algunas comunidades como el caso del euro por receta en Cataluña y Madrid y el recurso de Arnaldo Otegi contra su encarcelamiento por el caso Bateragune son otros de los asuntos que tendrá que resolver el nuevo TC, que tendrá en sus manos validar o rechazar el grueso de las medidas aplicadas por el Gobierno central o los autonómicos para reducir el déficit del gasto público en relación con la crisis económica, y de su decisión dependerán miles de millones de euros.

Los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado desde 2012 en Sanidad, educación o pensiones han sido recurridos ante el Constitucional por la oposición o los gobiernos de Andalucía, Asturias, Navarra (en este caso fue el Parlamento quien recurrió), Cataluña, País Vasco y Canarias.

En 2012 el Gobierno cifraba en 10.000 millones de euros, 7.000 para sanidad y 3.000 para educación, el ahorro que podrían conseguir con los recortes en ambos pilares del Estado de bienestar que aprobó entonces.

Además, el Constitucional tiene pendiente decidir sobre otra medida de la que dependen miles de millones de euros, la eliminación de la paga extra para los trabajadores del sector público, cuya naturaleza eventualmente retroactiva llevó a cuestionarla ante el alto tribunal a la Audiencia Nacional. El TC admitió a trámite hace semanas una cuestión de constitucionalidad sobre la posible naturaleza retroactiva (y, por tanto, inconstitucional) de esa medida, y la resolución de esa cuestión afectará, con toda probabilidad, a todos los empleados públicos y funcionarios.

A esos recursos hay que sumar los presentados contra la reforma laboral, las tasas judiciales o la no actualización de las pensiones.

Otros ajustes, aprobados por los gobiernos autonómicos en aplicación de los recortes a los que se ven obligados por el central para controlar su déficit fiscal, como el euro por receta aplicado por Cataluña y Madrid, también están pendientes de resolución del TC, recurridos por el propio Ejecutivo central.

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