El juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha abierto diligencias previas sobre la presunta filtración de varios informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional sobre un supuesto caso de adjudicaciones irregulares a la empresa Interligare, vinculada a antiguos mandos policiales. Así lo han confirmado fuentes de la investigación que han explicado que las diligencias judiciales se han abierto a instancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que está investigando las filtraciones de dichos informes, en los que se apuntaría la posibilidad de que la empresa, dedicada a la seguridad y la inteligencia, hubiera espiado a miembros del PP, tal y como ha informado el diario El Mundo.

Según las fuentes, existen indicios de que Interligare alquiló unas oficinas en la calle Génova de Madrid, frente a la sede del PP, desde donde podría haber realizado escuchas ilegales utilizando tecnología de interceptación de comunicaciones. El juzgado número 24 ha citado a declarar como imputados al jefe del grupo y a otros dos inspectores que elaboraron los documentos, en el que se detallan supuestas irregularidades en la concesión de contratos del Ministerio del Interior durante el Gobierno socialista.

Las fuentes han explicado que las primeras pesquisas sobre este supuesto caso de corrupción comenzaron en junio de 2011 por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, ya que había altos mandos implicados. De las investigaciones se desprende la existencia de una supuesta trama de contrataciones irregulares a Interligare en la que estaría implicado el entonces director general de Infraestructuras y Material de Seguridad, el comisario de Policía Luis Luengo. Según las fuentes, los contratos, negociados sin publicidad por afectar a materias reservadas, eran adjudicados a dedo a la empresa en la que trabajaban dos hijos de Luengo y otros dos antiguos mandos ya retirados.

Por otra parte, fuentes jurídicas han confirmado que la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver sobre qué juzgado debe investigar un supuesto fraude a la Seguridad Social cometido por Interligare por impago de las cuotas de sus trabajadores después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez se inhibiera en favor de los de Madrid.