El PP plantea en su programa electoral para las elecciones generales el establecimiento de una exención en el pago del IRPF a aquellos trabajadores que, cumplida la edad legal de jubilación, continúen trabajando sin cobrar pensión.

La idea del partido que capitanea Pablo Casado es favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores y ampliando la compatibilidad entre pensión y trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.

En concreto, aboga por establecer una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

En materia de pensiones, el PP también asume el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándolas en función del IPC y de otros indicadores -sin especificar- que garanticen "el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad".

Tras señalar que las pensiones son una política de Estado que debe configurarse desde el diálogo social y el Pacto de Toledo, los 'populares' se proponen eliminar el déficit de la Seguridad Social profundizando en la separación de fuentes de financiación y a través de la creación de empleo.

Al mismo tiempo, el PP apuesta por que los ciudadanos conozcan "en todo momento" el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación; por aproximar el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva; por impulsar en el diálogo social los pilares complementarios del sistema (planes de empresa y planes voluntarios de pensiones), y por reducir la brecha de género en pensiones ampliando el complemento de maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutan.

Profundizará en la reforma laboral de 2012

En materia de empleo, destacan dos propuestas del PP: profundizar en los avances en flexibilidad alcanzados con la reforma laboral de 2012, especialmente en la negociación colectiva, y establecer, gradualmente, un sistema de cuentas individuales de capitalización al estilo de la llamada 'mochila austriaca'.

Estas cuentas o fondo de capitalización se mantendrá a lo largo de la vida laboral y podrá ser rescatado por el trabajador en casos de despido improcedente, movilidad geográfica, necesidad de formación o en el momento de su jubilación.

El PP aboga también por establecer nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada endureciendo la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa, y limitando el encadenamiento de contratos y el uso de los contratos de duración determinada a través de la negociación colectiva.

Asimismo, los populares se proponen mejorar la regulación del actual contrato para la formación y el aprendizaje e impulsar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo mediante nuevos incentivos. 

Vivienda: incentivos a la deducción fiscal de los arrendadores

En materia de vivienda, el PP promete incentivar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos.

Igualmente, favorecerá el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, con el fin de facilitar el alquiler de los jóvenes, al tiempo que implantará sistemas de arbitraje para resolver de manera "rápida y poco costosa" conflictos de alquileres.

También plantea la flexibilización de las operaciones de regeneración urbana, para facilitar ajustes de edificabilidad y de usos de suelo con mayor "sostenibilidad ambiental y eficiencia energética", y fomentará la política de rehabilitación de la edificación en centros urbanos.

A su vez, impulsará la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible, destinadas prioritariamente a familias con hijos, favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada que mantengan la propiedad pública del suelo; sustituirán la licencia por la eclaración responsable para los diferentes urbanísticos y seguirá impulsan la conversión en ciudades inteligentes de las localidades de más de 50.000 habitantes, Baleares y Canarias.