El Consejo Fiscal ha expresado su preocupación por la regulación de las medidas de seguridad que recoge el anteproyecto de reforma del Código Penal, como la libertad vigilada, la custodia de seguridad o los internamientos psiquiátricos, al considerarlos como castigos similares a la pena. En el informe de 345 páginas y remitido al Ministerio de Justicia, el consejo, órgano de representación del Ministerio Fiscal, advierte de que estas medidas, "lejos de participar de la naturaleza educadora, terapéutica y rehabilitadora propia de las medidas de seguridad, pueden suponer una simple sanción similar a la pena".

Una situación, añaden, que puede dar lugar a respuestas desproporcionadas en base a una "peligrosidad" basada en la posibilidad de volver a delinquir en el futuro, "que será difícil sopesar en muchos casos". Además, critican el carácter genérico y ambiguo de la norma a la hora de determinar la aplicación de la custodia de seguridad así como la "muy notable" ampliación del ámbito de la libertad vigilada. En lo que respecta a la prisión permanente revisable, los fiscales rechazan esta pena al observar una "exasperación punitiva" que puede afectar al principio de proporcionalidad, "al castigar con una mayor gravedad conductas socialmente consideradas de menor entidad". Así, consideran como ejemplo de ello que el intento de asesinato de un menor de 16 años pueda estar castigado más severamente que el homicidio consumado del menor.

En otro punto, los fiscales reprueban la extensión de la expulsión del país a todo extranjero, sin tener en cuenta si tiene o no residencia legal, condenado a más de un año de prisión, lo que puede chocar con la normativa comunitaria en materia de libre circulación de personas.

El texto recoge también la crítica del Ministerio Fiscal en los casos de violencia de género y fiscal, por la imposibilidad de modular judicialmente la medida de aproximación y de comunicación. Y coincide con la Fiscalía de Sala de Violencia de Género en que "la rigidez que impone la ley produce serios problemas en la convivencia familiar e implica una desconfianza hacia el arbitrio judicial que no se corresponde con el margen que se contempla en la actual regulación de la custodia de seguridad".

El Consejo Fiscal muestra su "absoluta discrepancia" con la forma en que se ha realizado la supresión de las faltas por su transformación, en una mayoría de casos, en delitos leves y solicitan la despenalización total de la mayoría de las infracciones tipificadas como faltas. En su informe, los fiscales hacen un llamamiento a la "necesaria" estabilidad de la ley penal, al destacar que el vigente Código Penal ha sufrido 24 reformas desde 1998, lo que se traduce en un riesgo que merma, en su opinión, la seguridad jurídica de forma considerable. Los fiscales apuntan que las reformas en la legislación penal deberían restringirse a los supuestos estrictamente necesarios por razones de política criminal y siempre con el máximo consenso en virtud del impacto que genera en la sociedad.