Defensa Continúa la batalla por la 'deuda histórica' militar

Una 'guerra' por derechos

  • La Asociación Unificada de Militares reclama la materialización de la Ley de Derechos y Deberes prometida por Defensa, que dotaría de un "estatus de plena ciudadanía" a los miembros de las Fuerzas Armadas

El servicio a la patria es el sello distintivo que les define. Su ADN. Hace más de 15 años que lo vienen haciendo fuera de nuestras fronteras, con más de 50 misiones internacionales a sus espaldas. Otras de sus señas de identidad son el sentido de la lealtad y una estricta disciplina, que les impide posicionarse políticamente.

Pero no son los únicos rasgos que diferencian a las Fuerzas Armadas (FAS) del común de los ciudadanos. Su particular condición ha mantenido a este colectivo socialmente anclado en el pasado. Operan con un abanico de derechos y deberes que no están adaptados a los nuevos tiempos. Empezando por el asociacionismo profesional, que es una realidad fáctica y jurídica admitida por el Tribunal Constitucional pero que no tiene un reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico.

Por la actualización de ese paquete de derechos y deberes batalla desde hace cuatro años la Asociación Unificada de Militares (AUME). Fundada en 2005, la principal asociación castrense, con 2.500 soldados adscritos, pide que se enmiende esta "deuda histórica" con una Ley de Derechos y Deberes que dote a los más de 150.000 componentes de las FAS de un "estatus de ciudadanía plena". Un compromiso no cumplido hasta ahora por el Gobierno de Zapatero.

La concentración de ayer en Madrid ante la sede del Defensor del Pueblo devuelve al primer plano de la actualidad la eterna promesa. Las evidencias más significativas de esta situación de "discriminación" en la que se halla instalado el gremio castrense se concentran en un documento-denuncia de 48 páginas, que encabeza el artículo 9 de la Constitución y que atiende al título 100 Propuestas de ciudadanía.

Ese centenar de reclamaciones vienen a reflejar las muchas "carencias" de las que adolece el marco que regula la vida militar. En el plano laboral, despunta que la ausencia de un horario regular y la disponibilidad las 24 horas no encuentre una correspondencia compensatoria en la remuneración de las horas extra, guardias y servicios. Piden por ello una regulación urgente. Reclaman igualmente la erradicación de los contratos temporales, "que llega a afectar a los soldados raso hasta los 45 años de edad", y elevan la voz sobre la renovación de ese tipo de contratos y del sistema de ascensos, que se rigen por criterios que son "poco objetivos y con total oscurantismo".

Sobresale también la petición de que la ayuda a la vivienda tenga en cuenta el número de hijos o las personas con discapacidad a cargo del soldado y que no esté sujeta al rango militar, como sucede ahora.

Para conciliar la vida familiar y laboral, plantean exonerar las guardias, los servicios y las maniobras a los militares con pareja en el exterior. Y para aquellos que regresan del extranjero, un paréntesis de dos años antes de embarcarse en la siguiente misión. Con ello, argumentan, "no se deja coja la unidad familiar". Destaca también la petición de que las ayudas por fallecimiento en acto de servicio se equiparen con las que reciben las víctimas del terrorismo.

A este "déficit" en derechos, viene a sumarse "la falta de modernización y adecuación del régimen disciplinario", código que regula las sanciones a los militares por sus actuaciones. Para una plena adecuación, plantean la supresión de los tribunales y los juzgados militares como una de las medidas más sobresalientes.

Pendientes de si se materializa o no la Ley de Derechos y Deberes con estas propuestas -formuladas por los militares a través de diversos foros y que se condensan en el documento entregado al Defensor del Pueblo-, el gran salto ha venido hasta el momento de la mano de la AUME. Hasta hace muy poco era impensable ver a los uniformados protestar en la calle, pero con la de ayer ya son tres las concentraciones desde la constitución en 2005 de la asociación, verdadero motor de este cambio. Salto cualitativo que viene a simbolizar un primer paso en el camino que conduce a ese codiciado "estatus de plena ciudadanía".

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