Fede Durán

ariano Rajoy estrenó presidencia el 21 de diciembre de 2011. Desde que venciese cómodamente las elecciones generales a un PSOE devastado por el Efecto Crisis, varios asuntos de envergadura secuestraban sus pensamientos. La prima de riesgo, implacable con Zapatero; la amenaza del rescate europeo, negada como quien espanta a un fantasma; el paro rampante, una debilidad con ecos internacionales; la burbuja del sistema financiero, desnortado en una inmensidad vacía; y también, en directa conexión con todo lo anterior, el toro siempre incómodo de la política autonómica.

A finales de abril, parte del trabajo estaba hecho. PSOE y PP pactaron sin estridencias la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera (LEF). Era la forma más expeditiva de controlar el gasto de la triple Administración española (estatal, autonómica y local). Al poder central se le otorgaba un descomunal látigo cuya consecuencia final podía ser la intervención de los incumplidores. A las comunidades se les asignaban tareas contraculturales en la España reciente del derroche. Por un lado, sus cuentas debían presentar religiosamente equilibrio o superávit. Se permitía un desfase del 0,4% únicamente en los casos de reformas estructurales y para el conjunto de las administraciones. Por otro, el límite de deuda pública se fijaba en el 60% del PIB. Como coda, y en previsión de que los buenos tiempos regresasen algún día, se imponía que el crecimiento del gasto jamás superase la tasa de crecimiento del PIB. Era un comienzo.

Bruselas juega en esta trama el papel escrutador. Es el Ojo de Mordor. Y Rajoy y su equipo económico lo sabían. La LEF pretende evitar tutelas a vida o muerte como la de 2012, donde el objetivo autonómico de déficit apuntaba al 1,5% (0,7% en 2013), con un desgaste enorme para las CCAA, obligadas a buscar soluciones vía gastos una vez agotada la mina creativa de los ingresos adicionales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contaba con la carta de los hombres de negro, el paradigma de la intimidación. Pero Madrid también desplegó un potente catálogo de recursos. Por ejemplo, el plan de pago a proveedores, tasado en 18.000 millones de euros y vital para reactivar la economía nacional e inyectar confianza al tejido empresarial y a las miles de pymes y autónomos ahogados en la morosidad de lo público. O la línea de 10.000 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar vencimientos de deuda. O el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), habilitado a mediados de año como una suerte de rescate doméstico ante las dificultades de acceso a la financiación vía mercados. Aquí siempre cabrá una sombra de duda, porque ésta es la versión del Estado. Las comunidades, con Andalucía en primer plano, consideran que fue el Gobierno el que invitó a la banca a dejar de prestarles.

En cualquier caso, el FLA se consagró rápido. Fue un balón de oxígeno innegable para más de la mitad de las CCAA, incluidas Cataluña, ese motor económico venido a menos, y Valencia, el ex paradigma de la milagrosa habilidad del PP para gestionar las cuentas y renovar el milagro de los panes y los peces. La Junta solicitó 4.906 millones y recibió más de 2.700. En 2013, el presidente andaluz, José Antonio Girñán, quiere 5.000 millones más los 2.000 largos pendientes del ejercicio anterior. El Ejecutivo central pertrechará el FLA II con 23.000 millones ampliables hasta alrededor de 40.000.

Pendiente queda la reforma del sistema de financiación, olvidada en 2012. Sobre ella planeará la cuestión catalana, que desemboca en una colosal anomalía: La Moncloa se muestra dispuesta a mejorar el mecanismo -y a la vez el encaje de Cataluña en España- justo cuando la Cataluña política planea dejar de ser España. La Junta no salió bien parada de la última reforma. Tendrá que abrir los ojos y apretar los puños cuando llegue el momento de negociar.

El Grial de la contención del gasto implicaba asimismo otra línea de acción que el Gobierno hizo combinar con sus iniciativas de ayuda. El país, nuevamente aguijoneado desde Bruselas, debía simplificar su estructura orgánica, eliminando duplicidades y confiriendo racionalidad a cada euro desembolsado. Cada zanahoria esconde un palo, y éste era imponente: las comunidades debían cerrar 675 empresas públicas, pero ni siquiera se acercaron al objetivo. Los deberes debían estar hechos a 1 de enero de 2013.  Hacienda había encargado a la Junta dejar su administración paralela (380 entes, incluidas empresas, fundaciones y otros organismos de diversas denominaciones) en 269. Faltan los datos definitivos de la foto fija, pero sobran referencias para dimensionar el fenómeno. En los Presupuestos de 2012, 18 agencias, diez consorcios, nueve empresas y una fundación concentraban unas partidas agregadas (globales) de 3.625 millones, un coste para el ciudadano de 2.564 (el dinero destinado a la Administración paralela vía transferencias y subvenciones), unos gastos de personal de 877 y un desfase entre beneficios y pérdidas de 8,4, aunque ésta sea una cifra maquillada por las transferencias y otros trucos contables. Y los hombres de negro siguen ahí, al acecho.