LA crisis económica ha provocado un deterioro de la marca España más que evidente. Los mercados nos admiraban por el milagro español hace poco más de cuatro años y ahora nos repudian a golpe de subidas continuas de la prima de riesgo.

El Gobierno de Rajoy, que ganó abrumadoramente las elecciones generales enarbolando la bandera de la eficiencia y la confianza como remedios contra una crisis que tenía la Marca ZP, ha aumentado en apenas cinco meses las incertidumbres y no ha dado muestras de la solvencia de la que presumía como reclamo electoral. La montaña rusa con el déficit público y el proceso de nacionalización de Bankia son fiascos demasiados sonados como para que los inversores y las autoridades políticas y monetarias internacionales no hayan tomado buena nota. Especialmente dañina ha sido la pésima gestión de la intervención del ex banco de Rodrigo Rato. Con un baile de números inexplicable -de los 300 millones de euros de beneficios a los casi 20.000 millones de agujero- y con el sacrificio del gobernador del Banco de España en la plaza pública, esta plataforma de errores justifica la inminente intervención del sistema financiero español. Eso sí, con ayudas directas a los bancos para eludir la intervención pura y dura que sufrieron Grecia, Irlanda y Portugal y para no tener que sustituir a Rajoy por un tecnócrata o un grupo de hombres de negro de la CE, como gusta llamarlos Cristóbal Montoro.

Para colmo, en el plano estrictamente diplomático, al Gobierno tampoco le ha ido demasiado bien. A las expropiaciones sufridas por Repsol y REE en Argentina y Bolivia, respectivamente, hay que sumar el incidente pesquero con Gibraltar, una burda cortina de humo para tapar las derrotas diplomáticas que lleva cosechadas el locuaz ministro García-Margallo.

En estas circunstancias y pese a que hay poco margen presupuestario, el Ejecutivo del PP estaba obligado a iniciar una campaña de fortalecimiento de la marca España. La visita a Brasil y Chile que el Rey ha protagonizado para garantizar el éxito de la cumbre iberoamericana de Cádiz y para reclamar seguridad jurídica para las inversiones españoles en América Latina es un buen pistoletazo de salida. Pese a las últimas crisis que han deteriorado la imagen de nuestra monarquía, don Juan Carlos sigue siendo el primer embajador de España.

Pero, simultáneamente, el Gobierno de Rajoy tiene que hacer un esfuerzo por fortalecer la marca España en la propia España, y para ello tiene que reconstruir muchos de los puentes -dinamitados a base de decretos leyes- que había con la oposición, principalmente con el PSOE. Es verdad que los socialistas deben renunciar a esa receta político-gastronómica de dejar que Rajoy se cueza en la salsa de la crisis, tal como hizo el PP con Rodríguez Zapatero, pero no es menos cierto que el peso de la responsabilidad de recuperar la senda del acuerdo recae ahora mismo en el PP.

La falta de consenso en la renovación de órganos principales de nuestro sistema democrático, la incapacidad para enjaretar pactos de Estado en una coyuntura tan difícil, los numerosos casos de corrupción que afectan a casi todos los partidos políticos, la escasa voluntad de transparencia mostrada por unos y otros al rechazar comparecencias cantadas en el Congreso o en comisiones de investigación en Cámaras autonómicas -las de Dívar, Rato MAFO, Griñán o Chaves, por ejemplo-, está socavando la confianza de los ciudadanos en la España democrática.

Tratar de insuflar optimismo está bien. Pero no nos vayamos a quedar con Julio Iglesias, en una próxima y oportuna gira patria, recordándonos que "siempre hay un motivo por el que vivir", o esperando que un muchacho de Albacete nos corone como los mejores de Europa en el tiempo de descuento.