El ex presidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente es partidario de acometer la reforma de la Constitución en la próxima legislatura y considera "inexcusable" retocar la organización territorial del Estado y delimitar las competencias en la Carta Magna "con vocación de permanencia".

Presidía el Consejo de Estado en 2006, cuando el órgano consultivo, a requerimiento del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un informe sobre la posible reforma constitucional en el que ahora se quiere apoyar el Ejecutivo de Mariano Rajoy para abrir ese debate.

"Yo vengo sosteniendo que es necesario reformar la Constitución desde hace no menos de diez años", apunta el jurista, a cuyo juicio debe iniciarse el proceso en la próxima legislatura y afrontar un cambio profundo por el procedimiento fijado en el artículo 168 de la Carta Magna, que prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum.

Admite que un procedimiento que requiere un referéndum es "más aventurado" desde el punto de vista político y, por ejemplo, plantea que someter a consulta cambios para suprimir la preferencia del hombre en la sucesión en la Corona puede interpretarse "por algunos" como un referéndum sobre la Monarquía. En cualquier caso, ese "problema político" es "un riesgo" que, en su opinión, no debería frenar la reforma.

Para el principal responsable del informe del año 2006, el cambio sobre la Corona no es urgente por la ausencia de un heredero varón, pero es una cuestión que "desde el punto de vista simbólico convendría acometer".

Lo verdaderamente "inexcusable" en la reforma, en su opinión, son dos asuntos: la organización territorial del Estado y la inserción de España en la Unión Europea, "mucho más difícil el primero de ellos que el segundo".

Rubio Llorente solicita que "de una santa vez" se termine con el llamado principio dispositivo heredado de 1931 y que se traduce en que la organización territorial del Estado, es decir la delimitación de competencias, es "un asunto permanentemente abierto". Algo que considera "perturbador", de modo que "lo primero que habría que hacer" sería llevar las competencias a la Constitución y sacarlas de los estatutos de autonomía.

El ex presidente del Consejo de Estado apunta que el problema está en cómo se hace esa delimitación de competencias "con vocación de permanencia" para sustraerla al juego de los partidos, lo cual remite a "la otra gran cuestión que está pendiente en España desde el siglo XIX", lo que ahora se llama "simetría o asimetría".

A su juicio, "es evidente que no todas las partes de España tienen la misma vocación de autonomía, que para muchas partes de España la autonomía fue una especie de cosa que les cayó del cielo sin que lo desearan mucho en 1978, en tanto que otras partes de España ya tienen una vocación autonómica arraigada y enraizada".

"Combinar esa situación, dar una respuesta a esa situación que es sociológica y políticamente muy heterogénea, requiere mucha imaginación política y mucho tacto político, de manera que se afirme la igualdad en lo indispensable pero se acepte la diferencia en lo que no lo es", asevera. De hecho, es un asunto tan complejo que en 1978, como en 1931, "no se le dio más que una solución provisional" y "ya es hora de acabar con la provisionalidad", enfatiza.

Tiene claro que a quienes buscan la independencia de Cataluña o de otro territorio "no les va a satisfacer nunca una reforma constitucional", pero también que esa reforma "puede privar de apoyo electoral a la opción independentista", lo que constituye "una razón adicional" para acometerla.

En ese cambio constitucional es "evidente" que habría que afrontar el papel del Senado, algo en lo que están de acuerdo todos los partidos "desde hace mucho tiempo".

Rubio Llorente se declara "razonablemente satisfecho" con el informe que hizo el Consejo de Estado en 2006, un texto que fue bien recibido por el PSOE y del que José María Aznar, entonces miembro de ese organismo, dijo que era "excelente", aunque votó en contra por considerar que no procedía iniciar ese proceso. "El informe es un buen informe", sostiene su principal autor, quien reconoce que está "limitado" a las cuatro cuestiones que planteó entonces el Ejecutivo, aunque él se esforzó por interpretar esas preguntas "de la manera más amplia posible, desde luego mucho más allá de la que era la intención del Gobierno".

Confiesa no obstante su sorpresa por que ninguno de los grupos de expertos creados por los partidos para afrontar esta reforma le haya consultado. ""Y eso es lo de menos, soy muy viejo, pero tampoco a ninguno de mis discípulos, lo cual me ha sorprendido un poco más porque son más jóvenes".