Rajoy no estaba quieto. Por su despacho de Moncloa han pasado estos días algunos de los más importantes banqueros y empresarios, autoridades eclesiásticas -entre ellos los arzobispos de Madrid y Barcelona-, periodistas con mando en plaza, profesionales del Derecho y políticos con años de experiencia a sus espaldas.

Ha hablado por teléfono con dirigentes de la UE y primeros ministros europeos más veces que las que suman todas las conversaciones mantenidas en sus seis años de gobierno, y el contacto con Pedro Sánchez y con Albert Rivera ha sido continuo. No han faltado tampoco conversaciones telefónicas con Ortuzar y Urkullu, no sólo para hablar sobre el posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, sino fundamentalmente para cambiar impresiones sobre lo que ocurre en Cataluña. Y no ha sido Urkullu el único gobernante regional que ha hablado con Rajoy en estos últimos días.

El jefe del Gobierno no ha parado de tomar iniciativas para abortar el proceso separatistaEn Moncloa y en el PP han vuelto a sorprender desagradablemente las tesis de Aznar

Presión. La estrategia de Rajoy para neutralizar el desafío independentista ha sido meter presión a la Generalitat para obligarle a cambiar sus planes y su calendario. Lo que más ha descolocado a Puigdemont, más incluso que la acción de la Justicia, que la esperaba, ha sido el anuncio del Banco Sabadell, que traslada su sede social a Alicante, y la sospecha de que a corto plazo podrían hacerlo también las más importantes entidades catalanas, obligadas a velar por su supervivencia, que pasa necesariamente por mantenerse dentro del cobijo de la UE y del euro.

golpes para abortar el desafío separatista

Rajoy siempre ha asegurado que sabía lo que tenía que hacer, cómo y cuándo. Sus adversarios suelen decir que su famoso manejo de los tiempos consiste en quedarse quieto a la espera de que otros cometan errores. Ha sido así en algún momento. En esta ocasión su actitud ha sido muy distinta, no ha parado ni un solo momento en tomar iniciativas para abortar el procés, y lo ha hecho de manera que los golpes se produjeran en el momento exacto en el que se debían producir.

La Abogacía del Estado le ha preparado todo tipo de informes sobre cómo se podía responder con los resortes institucionales y legales a la Generalitat y al Parlament, para no cometer ningún error. El Tribunal Constitucional ha puesto pie en pared, de forma unánime, contra el intento de golpe de Estado diseñado por Puigdemont y Forcadell; la Fiscalía General del Estado no ha dudado en presentar las querellas pertinentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la Audiencia Nacional para que actuaran contra los disidentes y los obligaran a responder ante la Justicia. En la Audiencia Nacional es posible acortar los plazos de actuación, pero en el TSJC se deben a respetar los que marca la ley para presentar recursos y alegaciones, y también Rajoy -que además cuenta con formación profesional sobre el mundo del Derecho- ha tenido informes sobre su mesa relacionados con la manera de llevar al mínimo esos plazos.

QUÉ SIGNIFICA EL 155

Una de las muchas exigencias que reiteran los sectores más conservadores de la sociedad, más activos que nunca estos días contra Rajoy, es la abolición de la autonomía catalana y el envío del Ejército aplicando el artículo 155, y que se detenga a Puigdemont antes de que se produzca la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Sólo necesitan esos sectores leer la Constitución para ver que el 155 no anula la autonomía sino que da atribución al Gobierno para asumir las competencias del Ejecutivo autonómico que no ejerce con la obligada responsabilidad. En cuanto a la detención de Puigdemont, nadie duda que llegará, pero sería un desprestigio para la Justicia española, para el Gobierno español y para la imagen internacional de España que se hiciera al margen de lo que marca la ley. Es una de las razones por lo que ha sorprendido desagradablemente en Moncloa y en la calle Génova, y ha sorprendido también tristemente, la intervención de Aznar utilizando la no aplicación del 155 como arma arrojadiza contra Rajoy. Aznar, recuerdan en Moncloa, debería conocer la Constitución y las leyes. Y debería saber, como ex presidente, que España podría ser incluso expulsada de la UE si no se atiene a las leyes y a lo que exige una democracia.

EL PAPEL DE CADA UNO

Guindos se ha volcado en explicar las consecuencias de la salida de Cataluña de la UE. A él se debe la iniciativa de llevar al Consejo de Ministros el decreto que permite a las entidades cambiar de sede sin necesidad de convocar previamente a las juntas de accionistas. A Rajoy le correspondió en cambio la tarea de convencer a Sánchez y Rivera de la necesidad de aprobar ese decreto en su trámite parlamentario. Dolors Montserrat es la transmisora al Gobierno de cómo respira la ciudadanía catalana, pues sigue viviendo en Cataluña aunque reside ahora en el ministerio de Sanidad y es mujer que conoce muy bien las distintas esferas sociales de su tierra. Catalá es el principal enlace con las instituciones judiciales, en comunicación permanente con Rajoy, casi más que cualquier otro ministro, y a Zoido, como ocurre con el CNI, le pesa no haber podido detectar que los mossos incumplirían las órdenes y Trapero se ponía a disposición de las autoridades de la Generalitat. Actitud que ha provocado el principal problema para el gobierno Rajoy: la idea de que policías y guardias civiles se convirtieron en fuerzas represoras de violencia intolerable, lo que ha dañado la imagen del Gobierno dentro de España y la del país en el exterior.

LA RUMOROLOGÍA

Mañana es la fecha marcada para la DUI. De lo que ocurra dependerá que Puigdemont culmine el procés o se inicie su derrumbe. Se rumorea que puede ser detenido en cuestión de horas, que varios consellers van a abandonar el Ejecutivo -Santi Vila ha declarado su rechazo a la DUI-, que Forcadell va a ser la primera en ingresar en prisión, que se aprobará en el Senado el 155, que Puigdemont será relevado en la Generalitat -si no es encarcelado antes- y que el Gobierno, asumiendo sus nuevas responsabilidades, nombraría un nuevo jefe del Govern que podría ser Millo. O Vila, para que sea menos traumático...

Rumores, especulaciones. Lo que pueda ocurrir sólo Rajoy lo sabe. Porque la Justicia tiene mucho que decir, pero el Gobierno también. Y lo que Rajoy quiere hacer -sabe qué es y cuándo hacerlo- lo hará poniendo la máxima atención en que no se salga ni un milímetro de lo que marque la Justicia.