El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado de nuevo la libertad de los nueve procesados en la causa abierta por el procés que están encarcelados, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y ha dejado claro que su situación en prisión no depende de un contexto político diferente.

Aparte de a Junqueras, la decisión afecta a otros cinco ex consellers (Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raúl Römeva y Dolors Bassa), al ex líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la ex presidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell.

En uno de los cinco autos en los que rechaza su libertad, la Sala encargada de enjuiciar el caso del procés deja claro que las medidas cautelares que pesan sobre los procesados no respondieron "en el momento de su adopción a un determinado clima político" y que, por tanto, su permanencia ahora no puede tampoco depender "de un contexto político diferente".

Los jueces contestan de esta manera a la ex conseller Bassa, que fundamentó su petición de libertad en que ha abandonado "por completo" la política y en que "el clima político actual es proclive al diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat".

Las defensas de los nueve procesados presos alegaron en sus recursos el impacto que la situación de prisión tiene en su entorno familiar y personal, si bien estas razones, según la Sala, "no desdibujan" los motivos por los que deben seguir en prisión.

Estas circunstancias, señala el Supremo, no neutralizan el riesgo de fuga y de reiteración delictiva que llevó al juez instructor, Pablo Llarena, y a la Sala de lo Penal a mantenerlos en prisión.

Otros de los argumentos esgrimidos por los procesados se relacionan con la situación médica de sus familiares o la vulneración de los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un proceso público sin dilaciones indebidas.

Sin embargo, la Sala afirma que "los sentimientos de aflicción de los familiares" no pueden operar "como razones desencadenantes de la libertad".

Y explica que el juez instructor y la Sala de lo Penal decidió mantenerles en prisión de acuerdo a varios principios, entre ellos el de legalidad y proporcionalidad, y atendiendo "a los graves perjuicios personales y familiares" que supone la privación de libertad "así como sus consecuencias colaterales respecto de otras personas" vinculadas a ellos.

La vulneración del derecho a defensa y a un proceso justo fue otras de las razones por las que algunos procesados volvieron a pedir la libertad al considerar que no estarán en igualdad de condiciones si prosiguen en prisión hasta que se celebre el juicio.

Al respecto, la Sala señala que "la dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia serán debidamente garantizadas" y les garantiza que su derecho a la defensa no se verá mermado por las condiciones en las que tendrá lugar la vista oral.