CUANDO el pasado 2 de febrero el presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó con los máximos dirigentes de los sindicatos y los empresarios el Acuerdo Económico y Social para hacer frente a la crisis, La Moncloa vendió el consenso como un éxito político muy importante y agradeció a todas las partes el ejercicio de responsabilidad hacia España. La fotografía de Rodríguez Zapatero haciendo piña con el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez; el presidente de la CEOE, Juan Rosell; el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, supuso un balón de oxígeno para el Gobierno y para la economía en plena crisis de la deuda soberana, con los mercados y los acreedores haciendo su agosto.

Un día antes Financial Times apuntaba que el alto déficit de Cataluña estaba poniendo en serio peligro los esfuerzos de España y de la eurozona por paliarla. Y un día después, en una visita relámpago a España, la canciller alemana Angela Merkel, a la sazón la presidenta de Europa, tal como la definió el presidente de América, Barack Obama, recientemente, declaró que España había tomado "un rumbo más positivo" gracias a las reformas emprendidas por el Gobierno de Zapatero, y señaló que el Acuerdo Económico y Social crearía "mucha confianza en el futuro".

Cuatro meses después, una de las patas de ese pacto, la reforma de la negociación colectiva, se ha roto, obligando al Consejo de Ministros a aprobarla a través de un decreto-ley que, pese a que tomará como base el documento de consenso al que le faltaron 15 minutos para ser rubricado y al que le sobraron las elecciones del 22-M, no dejará satisfecho ni a empresarios ni a sindicatos. El evidente fracaso político cosechado con esta reforma alimenta la debilidad de un Gobierno que cada vez tiene más difícil aguantar hasta marzo para intentar que Alfredo Pérez Rubalcaba pueda tener algunas opciones en las comicios legislativos de 2012.

De entrada, no generará la confianza en el futuro que vaticinó Merkel, y, como ocurriera con la reforma laboral, tampoco servirá para crear empleo al estar aún lastrado el crecimiento por la falta de capital circulante y el hundimiento del sector de la construcción inmobiliaria, el único capaz de crear trabajo de forma vigorosa junto al turístico. Es verdad que detrás de este fracaso político está, principalmente, el cambio de postura de la CEOE que, con los resultados electorales del 22-M y los datos del rescate de Portugal en la mano, optó por endurecerla hasta romper las negociaciones a la espera de encontrarse más pronto que tarde en el Ejecutivo con un interlocutor más permeable a su reivindicación de incluir en esta reforma una mayor flexibilidad interna de las empresas. Por ejemplo, en la ley ómnibus que el PP, a semejanza de la que Mas quiere aprobar en el Parlament, prevé llevar al Congreso una vez recupere el poder.

Pero ha sido el Gobierno, permitiendo que las negociaciones no estuvieran totalmente cerradas -y el acuerdo firmado- antes de las elecciones municipales y autonómicas, el responsable último de esta nueva puñeta, que convierte el Acuerdo Económico y Social en papel mojado. Por 15 minutos y por el 22-M, pero papel mojado.