Infanta de España desde su nacimiento, duquesa de Palma desde 1997 -año en el que se casó con Iñaki Urdangarín- y séptima en la línea de sucesión a la Corona española. Hija menor de don Juan Carlos I y doña Sofía y ojito derecho del Rey de España. Cristina de Borbón está estos días en el punto de mira. En el centro de una tormenta mediática desde que su marido se convirtiera en el primer miembro de la Familia Real imputado por la justicia en un caso de corrupción, concretamente en el Caso Nóos, una pieza separada del Palma Arena, la infanta no puede más y estaría barajando la posibilidad de renunciar a su condición de infanta y su título de duquesa de Palma por amor. Una complicada y controvertida decisión que, según publica Vanitatis, llevaría meditando y negociando con el Rey más de un año y que implicaría su salida de la institución monárquica y pérdida de sus derechos dinásticos, así como los de sus hijos que saldrían del organigrama real. Al fin y al cabo, un órdago más a la Casa del Rey -de ser finalmente así- que la volvería a posicionar claramente al lado de su marido, Iñaki Urdangarín, del que siempre ha defendido su inocencia y al que ha apoyado incondicionalmente ante la opinión pública y su propia familia.

Desde que Urdangarín fuera apartado de los actos de la Casa Real por su comportamiento "poco ejemplar", la infanta Cristina no ha tenido ninguna duda. Pase lo que pase, no va a sacrificar ni su matrimonio ni su estabilidad familiar aunque eso implique un perjuicio a su condición como infanta de España. Y de ahí esta medida que podría alejarla de la Corona. Después de las informaciones vertidas en la revista Lecturas, que publica en su actual edición que doña Cristina estaría dispuesta a perder todos sus privilegios pues se niega a aceptar el consejo de divorciarse de Iñaki Urdangarín para desvincularse de su imputación, la Casa del Rey ha desmentido a través de su portavoz las acusaciones de presión sobre la infanta para que se separe del exjugador de balonmano. En el comunicado difundido esta misma semana, afirma que "nunca ha intentado convencer a doña Cristina de que deje de ser infanta de España ni de que se divorcie", con lo que ha quedado claro que si la infanta está dispuesta a salir de la Familia Real no es por presión por parte de ésta sino por una decisión personal, en la que tendría mucho que ver la presión mediática y social a la que está sometida tanto ella como su familia desde que estallara la polémica. Un asunto que obligaría a un análisis del artículo 57.5 de la Constitución Española, en el que se especifica que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica". En este último punto del artículo 57, se especifica claramente que tanto la abdicación como la renuncia son "dos supuestos de pérdida de los derechos regios", además de "actos voluntarios, personalísimos, unilaterales, recepticios e irrevocables". La hipotética renuncia del derecho a reinar, cuyo protagonista no es el Rey, sino que lo son las personas que forman parte del orden sucesorio a la Corona tendría que resolverse por las Cortes Generales. Por lo que queda más que claro que esta decisión no sólo implicaría una enorme revolución mediática sino que además es bastante compleja desde el punto de vista legal. Aún está por verse si doña Cristina decide tomar esta drástica decisión o no, lo que está claro es que el juicio paralelo al que se está viendo sometida nuestra monarquía no tiene parangón y cada día está más caldeado. Ahora, el protagonista no es Urdangarín sino ella, doña Cristina: esposa y madre antes que nada, incluso que infanta.