El juez que instruye el caso de la venta de Casa Agreda ha rechazado encauzar la investigación hacia la procedencia del dinero utilizado para la compra del edificio municipal por la organización Aide, que una de las acusaciones había instado al considerar que esta asociación podría ser una "tapadera" utilizada para blanquear dinero.

La batería de diligencias de investigación solicitada por el equipo legal de Carlos Castresana (que representa a la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez, como acusación popular) ha quedado rechaza con una breve alusión en una providencia de trámite para despachar varios asuntos en la que el juez se limita a exponer al final que, respecto a la petición de esta parte fechada el pasado 26 de marzo, "no ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas". En realidad no se conocen los motivos del rechazo, dado que el instructor no ha justificado su decisión de forma alguna.

Esta acusación popular, entre cuyos letrados está el exfiscal anticorrupción Castresana, había solicitado al juez que librara varias comisiones rogatorias a Marruecos y Francia para conocer con detalle la situación de la organización Aide, que fue la compradora del edificio municipal ubicado en el Albaicín. Todo ello, al exponer esta parte que, según sus propias averiguaciones, la ONG en realidad no tendría actividad ni recursos económicos, al contrario de lo que se dijo públicamente cuando se presentó para la compra.

La acusación pedía que fueran investigados los máximos responsables, tanto en España como en el extranjero, de esta agrupación, así como la propia ONG Aide, por un posible delito de blanqueo de capitales. La idea sugerida es seguir el rastro del dinero que se empleó para pagar las cantidades acordadas como adelanto al Ayuntamiento de Granada.

Ese dinero, según la acusación, no tendría una procedencia conocida, de ahí que se solapen sus sospechas con la del posible trato de favor municipal que se investiga desde el comienzo de la investigación de este proceso de venta.

Aunque el juez no ha expuesto los motivos del rechazo sí se conocen los argumentos aportados por la defensa de varios de los investigados (entre ellos, la exedil de Urbanismo Isabel Nieto) para oponerse a iniciar esa nueva línea de investigación. Éstos expusieron al juez que en lo que concernía a los responsables municipales lo único trascendente era la "solvencia económica" de la parte compradora. Es decir, que hubieran hecho frente a sus compromisos de pago.

Añadía también el letrado de los políticos y funcionarios investigados que iniciar pesquisas en Marruecos sobre esta asociación tendría unos tintes discriminatorios por tratarse de personas de ese país.

Las dos acusaciones populares del caso, la de la edil de Vamos y el empresario Ramón Arenas, pidieron la recusación de este juez después de que la Audiencia revocase su decisión de archivar el caso al inicio de la investigación.

El juez finalmente ha sido confirmado en su tarea de instructor de este caso, pero las partes acusadoras han presentado escritos formales para que se paralice, dado que no han sido notificadas de ese rechazo de la recusación. El magistrado acaba de dictar otra providencia en la que se reafirma en la continuación con la toma de nuevas declaraciones.