Poco le ha durado la tranquilidad a la familia de Ana Prieto, una de las dos familias beneficiadas por el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. La familia de Motril cuya vivienda iba a ser expropiada temporalmente por el Gobierno autonómico para evitar su desahucio vive con "incertidumbre" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar el decreto andaluz durante cinco meses, lo que la deja en una situación bastante precaria.

En declaraciones a Europa Press, Ana Prieto Coca, residente en la calle Azorín de Motril, separada, con tres hijos y sin ingresos, ha relatado que todos en su familia están "muy agobiados" tras conocer la noticia, ya que desconocen qué puede pasar con su vivienda en estos meses de suspensión del decreto andaluz.

"No sabemos lo que vamos a hacer ni dónde vamos a ir", relató ayer la mujer, que se manifestó "nerviosa" por lo que pueda ocurrir a partir de ahora con su vivienda.

Ana no tiene trabajo desde hace cuatro años, por lo que no ha podido hacer frente al pago de su inmueble donde vive con sus tres hijos, de 20, 22 y 24 años.

En esta situación de "dificultades", tuvo conocimiento del decreto antidesahucios y en el mes de abril presentó ante la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada la solicitud para el inicio del expediente de expropiación de uso de su vivienda, que se le había embargado.

La otra beneficiaria del decreto antidesahucios de la Junta en la provincia es Margarita Yolanda Cabana, casada y madre de una familia numerosa que reside en la calle Atocha de Charches-Valle de Zalabí.

El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales, informó ayer de que su departamento ha remitido un tercer caso de una familia monoparental en Motril para su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que se prevé que ocurra en unos días.

La medida afecta a una mujer que tiene a su cargo un hijo y que carece de ingresos, por lo que no ha podido hacer frente a su hipoteca, según precisó el delegado.

Sin embargo, es muy probable que mientras el Tribunal Constitucional se decide, esta tercera familia se quede en el 'limbo' y no pueda acogerse al suspendido decreto antidesahucios. Pero, ¿qué pasa con las dos familias que ya se encuentran en pleno proceso? Según explicaron desde la Consejería de Fomento y Vivienda, lo más probable es que los expedientes expropiatorios también queden en suspenso, por lo que la propiedad de la vivienda continuará siendo de la entidad financiera. Todo parece depender de los jueces que intervienen en el caso y de si fijan o no una fecha para el desalojo.

Ana Prieto, que junto a sus hijos se convirtió en la protagonista del primer capítulo de la esperanza en Granada, confiaba en poder cambia r su suerte en los tres años de prórroga que le había facilitado el decreto antidesahucios. Ahora su suerte depende del Tribunal Constitucional y de la decisión que tome sobre el decreto.