La Fiscalía Superior de Andalucía se ha hecho eco en su memoria anual de las dificultades de investigación que señalan los fiscales de este territorio en los delitos cometidos a través de las redes sociales, como las amenazas, el acoso o la relevación de secretos, en tanto que existe un alto grado de anonimato en estas plataformas que impide conocer la identidad real de la persona que los está cometiendo.

En la memoria anual de la Fiscalía andaluza, los fiscales delegados de Criminalidad Informática hacen un pronunciamiento sobre la problemática concreta de los delitos informáticos en las redes y algunos reconocen que existe un "alto grado de impunidad", pues el éxito de la investigación depende de la colaboración de las entidades prestadoras de estos servicios.

Y es que para identificar al autor de un hecho delictivo se debe requerir a las empresas propietarias de las redes sociales información imprescindible en esta clase de investigaciones para saber quién es el delincuente.

Sin embargo, la colaboración de estas empresas es "dispar, de modo que en ocasiones se colabora y se facilita información -generalmente tarde-, se deniega la colaboración o no se responde".

Así, y aunque no abogan por prohibir el anonimato de los usuarios mediante nombres ficticios o pseudónimos, los fiscales sí ven necesario que queden debidamente registradas en estas plataformas las identidades reales con una adecuada custodia sin que esto suponga a su juicio coartar la libertad de expresión.

Todo ello, para incentivar el uso responsable de las tecnologías, que según mantiene el Ministerio Público, tiene "indudables" repercusiones en el mundo material a pesar de que se produzcan en un entorno digital.