Casi el mismo día que se sentó en el despacho de la Alhambra, Rocío Díaz tuvo hacer frente a un informe de la Agencia de la Competencia de Andalucía que desmontaba el sistema de entradas al monumento propuesto por los anteriores gestores. Y ahora, tres meses después, ha llegado la 'segunda parte' con la esperada respuesta del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ante una denuncia que la llamada 'Plataforma de la Alhambra' presentó en mayo de 2018.

Este organismo, como el anterior, es bastante duro con el Patronato y le advierte de que tiene que renovar todo su sistema de transparencia dando cuenta de manera actualizada de sus cuentas anuales, su deuda, el gasto público, los informes de auditoría y fiscalización, así como de los procesos de selección de personal y de la agenda institucional. En resumidas cuentas, le hace una llamada a adaptarse a lo que demandan los tiempos y a hacer de su Portal de Transparencia un canal veraz, eficiente y que se ajuste totalmente a la Ley.

En la denuncia formulada hace ya más de un año, se alude al artículo 23 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía para asegurar que en aquel momento el Patronato de la Alhambra estaba vulnerando dicha norma al no publicar los acuerdos de ejecución de las resoluciones, al no hacer públicos los contratos que tiene concertados con terceras personas y no publicar tampoco la relación de convenios suscritos.

Asimismo, se señalaba que no se recogían en el Portal de Transparencia de la Alhambra otras cuestiones como la información relativa a la normativa a estatutos, normas de organización y funcionamiento, estructura organizativa, procesos de selección de personal, agendas institucionales de los gobierno o comunicaciones de relevancia jurídica, entre otros puntos que deben estar publicados en base a la normativa.

Tras esta denuncia sobre el incumplimiento de publicada activa, el Patronato de la Alhambra –dirigido entonces por el socialista Reynaldo Fernández– realizó las alegaciones pertinentes en julio de 2018 asegurando que "la información relevante necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa y garantizar la transparencia en la actividad y funcionamiento del Patronato" y estaba publicada en el portal de la Junta de Andalucía en la sección correspondiente a esta entidad.

Asimismo, se señalaba que también en la web del monumento se complementaba dicha información con otras publicaciones y, por otra parte, se decía que "a efectos de enmarcar la denuncia" resultaba "procedente señalar" que el denunciante ya había interpuesto anteriormente diversos escritos impugnando tanto en vía administrativa como contencioso administrativa, resoluciones relativas al reparto de entradas al conjunto monumental.

Un año después de las alegaciones ha llegado por fin el dictamen del Consejo de Transparencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA). Se trata de un informe de 27 páginas que está fechado a 5 de julio de 2019 y que se hizo publico ayer, en el que insta al Patronato de la Alhambra y Generalife a publicar información sobre sus cuentas anuales, deuda y gasto públicos, los informes de auditoría y de fiscalización, además de los procesos de selección de personal y de la agenda institucional de la titular de la Dirección General.

En primer lugar, la autoridad de control, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, obliga al Patronato a proporcionar diversa información. Se trata de las cuentas anuales que deban rendirse, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externos, deuda pública, con su evolución y endeudamiento por habitante y relativo, así como el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. Esta información deberá difundirse o bien en su propio portal o bien habilitando un enlace web que dé acceso a la misma.

La agencia administrativa también tendrá que dar difusión en cualquiera de los canales citados (link o portal propio) de sus convenios concertados, información que actualmente se localiza en una web ajena al propio Patronato, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Por lo que respecta a la publicación de las normas de organización y funcionamiento, el órgano de control apunta a la falta de un organigrama actualizado que permita conocer "de forma sencilla y clara" la estructura orgánica. Por ello, en la página web deben identificarse el perfil y trayectoria profesional de la titular de la Dirección General, así como aquellas personas que ostenten diferentes jefaturas con su nombre, apellidos, número de teléfono y correo electrónico corporativos.

El Consejo de Transparencia ha analizado la denuncia y, tras una evaluación, ha resaltado la falta de información publicada sobre los procesos de selección de personal y la agenda institucional, que debe reflejar reuniones, entrevistas o encuentros que se celebren en el Patronato o fuera de él, actos o viajes.

Por último, el Consejo de Transparencia ha recordado al Patronato que, en aras de lograr una mayor claridad en la información que debe ofrecer, los datos deben publicarse en su propia web o con un enlace de fácil acceso.