La última víctima de violencia de género en Granada, la profesora de 38 años natural del Íllora que fue apuñalada el sábado por su expareja, junto al asesinato machista del mismo día en Lugo, han supuesto un punto de inflexión para el Gobierno de España, que acaba de anunciar la reactivación del Pacto contra la Violencia de Género para garantizar servicios y derechos a las posibles víctimas sin tener que pasar por un juzgado. 

El Gobierno convocará a las Comunidades Autónomas para que las administraciones locales y no sólo los jueces, puedan acreditar la condición de víctima de violencia machista y agilizar así las medidas de protección y otras ayudas. Así lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una comparecencia institucional en la que ha avanzado que esta medida se tomará en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial que tendrá lugar antes de que finalice marzo.

Rosell ha confirmado que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año ascienden a 10 en España y son ya 1.043 desde que en 2003 comenzaron las estadísticas.

La delegada del Gobierno ha condenado los dos últimos crímenes machistas de Lugo y Granada y ha subrayado que las políticas de Igualdad son "literalmente vitales" porque el origen de la violencia de género está en la desigualdad "aunque algunas voces traten de silenciarlo".

Con el cambio que se trata de impulsar, el objetivo es que las administraciones, a través de los servicios sociales y especializados, puedan acreditar la condición de víctimas de violencia machista antes de iniciarse el procedimiento judicial.

Rosell ha expresado la disposición del Gobierno a poner en marcha las primeras medidas previstas en el Pacto de Estado, como el acompañamiento a las víctimas a lo largo del procedimiento judicial y otras que permitan a las mujeres "salir del círculo de dependencia", que no sólo es emocional, sino también económico.

Con los cambios, no hará falta que la mujer víctima interponga una denuncia judicial y se podrán acelerar las medias de protección.

Rosell ha destacado que ninguna de las mujeres asesinadas en lo que va de año habían presentado denuncia contra su agresor y ha explicado que las víctimas de violencia machista tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar a su pareja o expareja; más de 15 años en el caso de las mujeres con hijos mayores de edad y una media de 6 años en el caso de las mujeres más jóvenes.

"Hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien más". "Sólo así conseguiremos acabar con esta pesadilla de la violencia de género", ha aseverado.

En cuanto al acompañamiento judicial, la delegada del Gobierno ha lamentado que el 13% de las mujeres que no denuncian tienen miedo a no ser creídas y un 28% manifiesta mucha inseguridad ante el proceso judicial.