Granada

Anulan la querella contra ediles del PP por el recorte salarial en Santa Fe

  • Los concejales aprobaron modificar los sueldos del alcalde socialista y de los dos tenientes de alcalde

La Audiencia de Granada ha estimado el recurso presentado por los concejales del PP en el Ayuntamiento de Santa Fe y ha acordado dejar sin efecto la querella contra ellos que presentó el PSOE al considerar un delito de prevaricación que aprobaran en pleno la bajada de sueldo del alcalde socialista. El auto de la Sección Segunda del tribunal provincial considera que la querella admitida inicialmente a trámite respondía a una estrategia "de indudable confrontación política" entre los concejales de PSOE y PP de Santa Fe.

Los hechos se remontan al pleno municipal que se celebró en noviembre de 2011 en el que se modificaron los suelos del alcalde y los dos tenientes de alcalde para, tres años después, formalizarse la querella por parte de los ediles del PSOE.

El PP de Santa Fe apunta que el dictamen no borra "el calvario judicial" para los ocho concejales

El auto considera que no existió en el proceder de los concejales que votaron en el pleno una conducta prevaricadora y decreta concluir el procedimiento "en el estado en que se encuentra" y anular la querella al considerar que no debió admitirse a trámite.

La querella la formalizaron el que era alcalde de Santa Fe, José María Aponte (PSOE), dos ediles de su formación y un tercero de IU contra ocho concejales del PP que, en la oposición pero con una mayoría aprobaron en pleno la bajada de sueldo del alcalde y eliminar el de los concejales liberados.

El portavoz local del PP de Santa Fe, Juan Cobo, explicó ayer que este dictamen no ha evitado el "calvario y pesadilla judicial" que han soportado los ocho ediles de su partido y recalcó que han sido "los únicos en la historia democrática" imputados por eliminar o rebajar el sueldo de un equipo de gobierno.

"El PSOE de Santa Fe ha utilizado de forma torticera y partidista a la justicia", recalcó Cobo, que recordó que durante tres años han permanecido en calidad de investigados pese a bajar salarios en un Ayuntamiento que anunció un expediente de regulación de empleo.

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