"En Granada, con la Ley en la mano, se han cometido delitos urbanísticos superiores al Nevada". Así de convencido se mostró el juez Miguel Ángel del Arco, instructor del 'Caso Nevada', en la mesa redonda sobre la investigación que se llevó a cabo en la instrucción de uno de los casos de delincuencia urbanística más sonados de los últimos años, que terminó con una sentencia condenatoria de varios meses de prisión al promotor Tomás Olivo y al ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate.

Según la información facilitada por Ediciones Crac, responsable del Curso de Investigación de Delitos Urbanísticos, Del Arco reconoció durante el debate que en los juicios sobre causas urbanísticas en ocasiones los jueces y fiscales no tienen "conocimiento ni práctica para meterse en hondura", por lo que reivindicó la creación de un cuerpo público de arquitectos judiciales que asistan eficazmente a la Justicia en este sentido.

Sobre la importancia del delito urbanístico, el juez instructor aseguró que "la clave no es la parte urbanística, sino la prevaricación". "En este tipo de delitos el peor no creo que sea el promotor", apuntó, y al señalar la labor que en los Ayuntamientos puede tener el personal técnico para impedir o denunciar este tipo de crímenes, no se mostró muy optimista: "Los Ayuntamientos democráticos, y bienvenida sea la Democracia, no son lo que eran antes", en alusión a la relativa independencia que tenían los funcionarios municipales hace cuarenta años. "Hoy te encuentras funcionarios del Ayuntamiento que no pueden hacer nada", apostilló, y añadió que "tampoco se le puede pedir a nadie que sea un héroe".

Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción (asociación personada como acusación en el caso Nevada), José Antonio Cabrera, lamentó que "las Administraciones no tengan el celo necesario para parar" delitos urbanísticos como el del Nevada, y "sobre todo que sean tan poco rápidas". "Cuando llega la Justicia es tarde: todo está ya construido", subrayó.

Otra organización personada en la causa contra el Nevada, el grupo de arquitectura comprometida Adobe, estuvo representada en la mesa de debate por Marta Gutiérrez, que es además decana del Colegio de Arquitectos. Gutiérrez, que consideró que "desde el ámbito judicial no se puede transformar completamente una realidad" -en alusión a la lucha contra el urbanismo especulativo-, se mostró crítica con la sentencia final que ordenaba la demolición de sólo una parte del centro comercial Nevada, por lo que exigió el derribo total del edificio, "que no sólo no es necesario, sino destructivo".

Por su parte, el catedrático de Urbanismo y perito judicial en el caso, José Luis Gómez, tras calificar repetidas veces de "disparate" el proyecto del centro, criticó la diferencia de recursos existente entre el sector privado y el público a la hora de afrontar un proceso judicial.

Por último, la periodista de Granada Hoy Yenalia Huertas, encargada de la cobertura del caso, habló de la necesidad de especialización en temas urbanísticos y judiciales y de la responsabilidad como controladores de los poderes públicos y formadores de la opinión pública de los periodistas dedicados a indagar en estas cuestiones.