El empresario Ramón Arenas, cuyas querellas destaparon el caso Nazarí de presunta corrupción municipal en la época de José Torres Hurtado, ha denunciado ahora nuevos hechos por lo que acusa al actual equipo de gobierno socialista y a varios funcionarios municipales de supuesta "obstrucción reiterada y encubrimiento" para tapar los asuntos que se investigan en el caso judicial antes aludido.

Estas manifestaciones, que ha remitido al propio Ayuntamiento de la ciudad, tiene previsto trasladarlas (según reza en su propio escrito) al Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde se investiga el caso Nazarí. Arenas ejerce la acusación particular en esta causa.

El empresario denunció en 2015 las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del pabellón Mulhacén, aledaño a otro terreno que el Ayuntamiento le vendió para una escuela infantil que no ha podido construir y que habría sido invadida parcialmente por la instalación deportiva levantada por García Arrabal.

Dado que es parte interesada en estos expedientes municipales, Arenas ha solicitado reiteradamente información al Ayuntamiento sobre la concesión administrativa del pabellón Mulhacén y el cumplimiento de sus obligaciones económicas. El empresario ha denunciado que no recibe la documentación requerida al Ayuntamiento y que esto es una prueba más de esa "obstrucción" que él denuncia por parte de los actuales responsables municipales.

En paralelo a la investigación penal, Arenas tiene un pleito contencioso con el Ayuntamiento de Granada. La última sentencia relativa a ese proceso fue presentada por una de las defensas del caso Nazarí (la de la exedil Isabel Nieto y otros funcionarios) en la causa penal. Dado que se trata de una documentación interna del Ayuntamiento, el escrito de Ramón Arenas pide al equipo de gobierno que abra los respectivos expedientes disciplinarios para esclarecer cómo se ha podido filtrar esa documentación a personas que ya no forman parte de la corporación municipal.

Del mismo modo, en ese contencioso que mantiene Arenas, éste asegura que uno de los altos cargos de Urbanismo habría aportado "pruebas falsas" que le perjudican y que tienen relación también con la investigación penal que se sigue en el caso Nazarí. De ahí que también reclame el cese del trabajador. El empresario acusa a estos trabajadores de actuar de "mala fe" y de haber intentado "causar perjuicios a los intereses" de su sociedad y a él personalmente, "por lo que se habría cometido un delito".

En su escrito, el empresario aporta también datos de determinadas actividades profesionales, al margen de la municipal, que supuestamente realizarían algunas de las personas aludidas y que podrían ser el motivo de tratar de "frenar" su "actuación contra la corrupción municipal". Arenas anuncia que llevará este escrito al juzgado de instrucción.