La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha anunciado este jueves que interpondrá una queja ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la última resolución del juez Manuel Piñar, que ha denegado la salida de prisión de Juana Rivas, a la que el Gobierno concedió un indulto parcial.

En un comunicado, Themis ha lamentado que las manifestaciones de este juez contra la normativa de protección frente a la violencia de género y "sus descalificaciones improcedentes" a las víctimas, instituciones y movimientos sociales "perjudican gravemente el prestigio del Poder Judicial e invisibiliza los avances en la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia".

El pasado 10 de diciembre, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, acordó que no procedía suspender la pena de prisión impuesta a Rivas, la vecina de Maracena condenada por sustracción de menores, pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial, porque ve peligro para sus hijos.

En su auto, el juez argumentaba, entre otras cosas, que hay peligro para sus hijos ya que uno de ellos sufrió abusos estando al cuidado de su madre, un hecho hasta ahora reservado para salvaguardar la intimidad del niño.

Themis denuncia que "para tratar de justificar lo injustificable", el juez "daña gravemente" la intimidad de unos menores al aludir "de forma inconexa" a la existencia de un proceso penal archivado hace más de cuatro años por supuestos indicios de abuso sexuales, que descartaron los expertos y en los que "jamás ha existido ni existe indicio de responsabilidad" de Rivas, "cuya presunción de inocencia vulnera".

Esta asociación de mujeres juristas considera que Piñar debió de ser recusado y apartado del tema por sus previas declaraciones y opiniones particulares contra la ley integral contra la violencia de género y las políticas públicas de protección a las víctimas vertidas en sentencias anteriores.

Advierten también de que en su sentencia condenatoria, el juez recurrió a estereotipos que cuestionan permanentemente la credibilidad de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia machista, con base a criterios preconcebidos y erróneos sobre su motivación malintencionada, sobre cuál era el comportamiento correcto de una víctima, y el supuesto perfil del victimario.

Por todo esto, pide al CGPJ que asuma su responsabilidad en la corrección disciplinaria "de aquellas desviaciones en el ejercicio de la potestad de la actividad jurisdiccional" e incoe el correspondiente expediente disciplinario.