Las nueve personas investigadas por el caso conocido como el de los contratos 'fantasma' de Emucesa seguirán imputadas por ahora hasta que el juez instructor decida llevarlos o no a juicio. La Audiencia Provincial de Granada acaba rechazar diversos recursos de los afectados, que pedían el sobreseimiento, al destacar que esos altos directivos contratados por la empresa de cementerios (entonces exclusivamente municipal) no trabajaron allí y no constan pruebas de la labor desempeñada. 

Los magistrados de la Audiencia se han limitado a ratificar el auto del juez de Instrucción 9, José Luis Ruiz Martínez, que en septiembre pasado rechazó esas peticiones de archivo de los investigados mediante una serie de argumentos "genéricos" y "comunes" a todos. Decía el instructor que ninguno de los trabajadores "reales" de la empresa, ni siquiera su director gerente (también investigado), tenían información sobre la existencia de este "alto personal directivo". "Ni siquiera les conocían, salvo para firmar la nómina, nunca se instalaron en las oficinas de Emucesa, ni se pasaron por ellas" (salvo en un caso muy breve), continúa el auto ahora ratificado. 

El argumento más contundente del juez que ahora destaca la Sección Segunda de la Audiencia es que "no hay una sola prueba física o documento de carácter objetivo que demuestre que realizaran algún trabajo que redundara en la empresa municipal, lo que abonaría la tesis, la menos, del delito de malversación". 

Los magistrados de la Audiencia explican en su auto fechado el 25 de marzo que con esos elementos aportados por el juez, aunque sea de forma genérica, "este tribunal de apelación no está en condiciones de rectificar la decisión del juez instructor". 

El caso Emucesa se encuentra en un momento próximo a la terminación de la fase de instrucción, motivo por el que la propia Audiencia censura al juez que no haya resuelto el posible sobreseimiento solicitado por los investigados en la misma resolución en la que el instructor pone fin a la fase de diligencias previas y, como marca la ley, tiene que decidir sobre si el caso es archivado o pasa a procedimiento abreviado, de cara a la posible preparación de un juicio oral.

En la causa están investigados los dos concejales del PP que fueron responsables de la empresa de cementerios durante aquellos años, Eduardo Moral y María Francés, el gerente de la empresa (que en realidad fue el que alertó sobre la existencia de estos contratos) y las seis personas que recibieron esos contratos de alta dirección. 

Esta causa se inició en los juzgados a raíz de una denuncia presentada en Fiscalía por Vamos Granada y en ella se investigan los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos (donde se pagaron 300.000 euros de fondos públicos para pagar a 6 personas cuya labor no era conocida en la empresa) y fraude a la Seguridad Social.

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha declarado esta mañana que para esta acusación la resolución de la Audiencia es "agridulce". "Es positiva porque confirma que hay indicios de delito suficientes y no hay motivo para el sobreseimiento, pero es agria porque también sigue adelante con la consideración del gerente como investigado, que es precisamente la persona gracias a la que se pudo conocer los hechos".

La formación política lamenta que esto se "repita en muchos casos de corrupción" y reclamó que se aprueben leyes de protección de denunciantes y testigos", como se está tramitando en diferentes comunidades autónomas y también por la Unión Europea.