Casi 14 meses después de que el magistrado José Requena pronunciara la famosa fórmula de "visto para sentencia", la Audiencia Provincial de Granada ha citado este viernes a los procuradores del caso Alhambra para notificarles y darles a conocer su sentencia, una de las más esperadas después de casi 13 años desde el inicio de las primeras pesquisas.

Aunque ya fue anunciada otra fecha el mes pasado para dar a conocer la resolución judicial y más tarde quedó aplazado sine die, en esta ocasión se avisó con antelación a los procuradores que representan a las diferentes partes, quienes han recogido la sentencia este viernes poco después de las 10 de la mañana.

El caso del supuesto fraude de las entradas de la Alhambra sentó en el banquillo a medio centenar de acusados en un juicio que duró tres meses (entre septiembre y diciembre de 2016) y para el que hubo que habilitar un espacio especialmente amplio en el edificio judicial de La Caleta, lejos de la habitual sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia (en la Real Chancillería de Plaza Nueva), que fue la encargada de enjuiciar este asunto.

Después de más de un año de espera, los acusados han manifestado en los últimos meses una inquietud excepcional, dado que además se han producido anuncios frustrados sobre la fecha en que se daría a conocer su futuro. Según explicaron ayer fuentes judiciales, del medio centenar de personas para las que la Fiscalía mantuvo al final del juicio peticiones de cárcel de entre 4 y 9 años de cárcel, podrían resultar condenados sólo los principales acusados, una decena de personas, con penas que en la práctica podrían suponer que no llegaran a entrar en prisión, al no superar los dos años y tratarse de personas sin antecedentes penales. Hay que tener en cuenta que después de una fase de instrucción tan larga, que se extendió durante una década, en las sentencias se puede aplicar algo que se llama "dilación indebida" y que supone reducciones de las penas de cárcel para los condenados. También será importante la decisión final del tribunal sobre las indemnizaciones millonarias que reclamó el Ministerio Público por los supuestos perjuicios al patrimonio y a las arcas públicas.